La ministra de Educación y Formación Profesional ha presentado a los consejeros autonómicos las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla una inversión de más de 4.500 millones de euros en este ámbito procedentes de los fondos europeos. Las actuaciones previstas, que se desarrollarán principalmente a través de programas de cooperación territorial, girarán en torno a tres ejes fundamentales: la digitalización, la FP y la transformación del sistema educativo.
Durante la cuarta Conferencia Sectorial de Educación celebrada desde el inicio del curso escolar, Isabel Celaá ha declarado que “España tiene una oportunidad única con este plan, y la reforma y modernización del sistema educativo será protagonista principal de la que, entre todos, tenemos que convertir en una historia de éxito”.
Sin embargo, algunos consejeros, como los de Madrid, Cantabria, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, se han quejado por el hecho de que sus respectivas administraciones no hayan sido consultadas a la hora de decidir los criterios de reparto de los fondos.
La inversión en digitalización ascenderá a 1.496 millones de euros en tres años e incluirá 827 millones para la instalación de 236.318 Aulas Digitales Interactivas, que permitirán combinar la enseñanza presencial con la educación a distancia. Más de 291 millones irán dirigidos a la formación en competencia digital de casi 725.000 docentes; 150 millones servirán para adquirir unos 250.000 dispositivos móviles destinados al alumnado más vulnerables; y otros 84 millones estarán encaminados a la creación de la Red de Centros Nacionales de Capacitación Digital. Además, se contempla una partida de 110 millones para el Plan de Formación Profesional Digital.
En el capítulo de la FP, el Plan de Recuperación recoge diez líneas de inversiones que suman 1.900 millones de euros. Entre ellas, se destinarán 724,6 millones al reconocimiento y la acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral de más de tres millones de personas; 518,8 millones a la conversión del 10 por ciento de los ciclos de Grado Medio y Grado Superior en bilingües; y 254 millones a la creación de 135.466 nuevas plazas de estos estudios. También se dedicarán 200 millones a la constitución de una red de centros de excelencia; cerca de 92 millones al desarrollo de una oferta modular en empresas para unos 375.000 trabajadores; y casi 2,5 millones a la formación de 25.281 docentes en digitalización aplicada a los sectores productivos.
Respecto a la FP para el empleo, el plan prevé inversiones que van desde los 36,75 a los 49 millones de euros para cursos de formación asociados al cuidado de las personas del sistema nacional o de actualización en once sectores identificados como estratégicos, entre otras actuaciones.
Todo ello supone un impulso al objetivo del ministerio que dirige Isabel Celaá de modernizar y consolidar la FP, tal y como queda recogido en el Plan de Modernización de la Formación Profesional 2020-2023, actualmente en pleno desarrollo. Además, en los próximos meses, se llevará a Consejo de Ministros el texto de la nueva Ley de Ordenación del Sistema Único de Formación Profesional, que unificará la FP del sistema educativo y la FP para el empleo.
En cuanto a las actuaciones referentes a la modernización del sistema educativo con equidad, la inversión total asciende a 1.118 millones de euros, que se reparten de la siguiente manera: 671 millones servirán para la creación de 65.000 plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública; 320 millones para la implantación del Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo #PROA+ en más de 3.000 centros de especial complejidad educativa; y 124 millones para la puesta en marcha de 1.460 Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado vulnerable.
“Mejorar la equidad de nuestro sistema educativo supone prevenir y reducir el abandono escolar prematuro y promover el éxito educativo de todo el alumnado, en particular del que tiene más dificultades”, según ha manifestado Celaá, que se ha marcado como meta que “al menos el 90% de los jóvenes terminen la educación obligatoria” y obtengan “una titulación profesionalizante”.
En el transcurso del encuentro entre los responsables los MEFP y los consejeros autonómicos, también se ha abordado el desarrollo de la LOMLOE, en particular, la elaboración de las nuevas normas de ordenación académica de las diferentes etapas. El objetivo es revisar los métodos pedagógicos, así como los modelos de organización escolar, y desarrollar un currículo “menos enciclopédico y más competencial”. Con este propósito se iniciarán próximamente las reuniones de la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia Sectorial, con representantes de las comunidades autónomas y de los grupos de trabajo que resulten necesarios.
Además, durante la reunión, se ha hecho balance de la situación epidemiológica en los centros educativos, de modo que, según los últimos datos proporcionados por las CCAA, más del 98% de las aulas está funcionando con normalidad y solo el 0,11% del total de los colegios e institutos están cerrados a causa de la incidencia de la pandemia. Pese a todo, la ministra Isabel Celaá ha reiterado la necesidad de “no bajar la guardia” y ha agradecido a los consejeros y a toda la comunidad educativa sus esfuerzos por mantener los centros abiertos.
[Imagen: Ministerio de Educación y Formación Profesional]