El Gobierno en funciones ha informado a las comunidades autónomas de que aplaza la implantación de la nueva prueba de acceso a la universidad. El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, trasladaron también esta decisión al presidente y la secretaria general de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), según ha informado el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
“Esta decisión se debe a que la aprobación de la norma excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las administraciones autonómicas”, y “atiende a la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias y rebaja la incertidumbre de docentes, alumnos y familias”, añadieron las citadas fuentes.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional presentó, el pasado mes de febrero, el borrador de Real Decreto que regularía la prueba de acceso a la universidad; un modelo de implantación gradual que comenzaría a aplicarse en el curso 2023-2024 y que ahora se retrasará hasta la aprobación del Real Decreto por parte del nuevo Ejecutivo. Según el texto, aunque la prueba mantendría la estructura y el número de exámenes adaptándolos al nuevo currículo, tal y como se esbozó en un primer momento del proceso de reforma, incluía una serie de novedades, como el aumento del tiempo para la realización de los ejercicios, pasando de 90 a 105 minutos.
Además, establecía que los alumnos que hubieran obtenido el título de Bachillerato y quisieran estudiar en la universidad, se examinarían de Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia obligatoria de su modalidad y de Historia de España o Historia de la Filosofía, que volvía a ser obligatoria en esta etapa con la nueva Ley de Educación (LOMLOE). Asimismo, en aquellas comunidades con lengua cooficial, se añadiría un examen sobre la misma.
En virtud del borrador, el resultado de la prueba supondría el 40% de la nota para el acceso a la universidad, mientras que la media de Bachillerato representaría el 60% restante. Igualmente, como sucedía hasta ahora, habría una fase de admisión en la que los estudiantes podrían realizar hasta tres exámenes más con los que la calificación máxima posible ascendería a 14 puntos.
El departamento que ha venido dirigiendo Pilar Alegría trabajó junto al alumnado, las familias, expertos en distintas materias, administraciones y universidades en la elaboración de este borrador, el cual establecía una estructura común para la prueba, que tendría además un marco común para su evaluación. En concreto, el ministerio contó con la colaboración de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Red Española de Filosofía y la Federación Española de Asociaciones Científicas de Historia, entre otros.
Según publicaba en su momento ‘El Confidencial’, la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) incluiría “ejercicios menos memorísticos en los que el estudiante deberá reflexionar antes de contestar” y, como hasta ahora, daría a los alumnos que no estuvieran conformes con la nota obtenida en un ejercicio la posibilidad de pedir una segunda revisión, de modo que si la diferencia entre ambas calificaciones es igual o superior a dos puntos, el tribunal tendría que hacer una tercera revisión.