Más de 110.000 docentes de toda España se fueron al paro al finalizar el curso escolar, según datos de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que ha denunciado que esta tendencia “se perpetúa por la precariedad del sector”. El sindicato asegura que los despidos “son una constante” durante los meses de julio y agosto, así como “una práctica habitual” tanto en el sector privado como en algunas administraciones públicas que prescinden del profesorado interino.
“Si seguimos una breve secuencia histórica de los últimos cinco años, observamos que esta situación sigue siendo noticia destacada en un sector tan importante como es el de la educación”, explican fuentes FE-CCOO, que indican que “en 2018 se perdieron algo más de 110.000 puestos de trabajo, mientras que en el verano de 2022 fueron casi 170.000”. La destrucción de empleo –que no solo se da en el régimen general, sino también en el régimen de personas autónomas– no ha descendido en el último lustro de los cien mil docentes en cada periodo estival. Esta cifra convierte a la educación, “junto al sector de las empleadas de hogar, en el que más despido acumula y mayor precariedad laboral presenta”, tal y como señalan desde la federación.
Ante este panorama, Comisiones Obreras ha instado a las administraciones públicas a que tomen varias medidas, como el fortalecimiento y la ampliación de las plantillas y los recursos de la Inspección de Trabajo, con el fin de “impedir que las empresas traten de ahorrar costes laborales, no cotizando por el profesorado durante los meses de julio y agosto”, y “evitando, entre otras cosas, los despidos encubiertos”. Además, el sindicato estima necesario que se regule con claridad, en los convenios colectivos de la enseñanza privada, la situación de los docentes durante el verano, y que haya una mayor vigilancia de la situación de los profesionales que trabajan en el sector como autónomos, garantizando sus derechos laborales, sociales y profesionales y vigilando.
Por otra parte, FE-CCOO plantea alcanzar un acuerdo, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, “que permita que todo el profesorado interino de la educación pública no universitaria tenga derecho a cobrar los meses de verano, hasta el inicio del curso siguiente”. Y, en relación con su propuesta de mantener los centros abiertos en época estival, pide la contratación de personal docente para el desarrollo de actividades educativas y culturales.