El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que regulará la convocatoria de becas para el curso 2024-2025, de las que se beneficiarán cerca de un millón de alumnos y que supondrá un gasto de unos 2.535 millones de euros. Entre las principales novedades está la adaptación de los umbrales de renta que dan acceso a estas ayudas y la reducción del porcentaje de discapacidad del 33% al 25% para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Por otra parte, el Gobierno se ha comprometido a seguir trabajando en el proceso de adelanto del calendario de pagos para lograr que los estudiantes reciban al menos la cuantía fija de su beca antes de final de diciembre. Durante este curso, más de 700.000 alumnos y alumnas, que representan el 80% de los beneficiarios de estas ayudas, cobraron la parte fija y 500.000 un primer pago de la variable antes de finalizar 2023.
Según ha manifestado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, “desde el primer momento que llegamos al Gobierno, la inversión en educación, y especialmente en becas, ha sido una inversión histórica”. Asimismo, ha incidido en que “a través de esta política se avanza en la buena dirección, hacia la igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes, permitiendo que ningún estudiante tenga que abandonar sus estudios por razones socioeconómicas”.
En este sentido, el incremento del 5% en los umbrales de la renta, para compensar la subida del IPC y el efecto de la subida de los salarios, permitirá la incorporación de nuevos estudiantes al sistema de becas. Además, se excluyen del cómputo de los rendimientos patrimoniales las subvenciones al alquiler de la vivienda habitual. Pero hay otras novedades para el próximo curso, como la reducción del porcentaje de discapacidad para los alumnos y las alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tal y como reclamaban algunas organizaciones. Por otro lado, a petición del Consejo de Estado, se extiende la convocatoria a las víctimas de violencia sexual menores de edad y se flexibilizan los requisitos académicos aplicados a las víctimas de violencia de género, lo que repercutirán en unos 2.000 alumnos y alumnas.
Para financiar estas novedades y afianzar las incorporadas en otras convocatorias, como el incremento de las becas de residencia de 1.600 a 2.500 euros o la ayuda de 400 euros para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo, el Gobierno invertirá 2.535 millones de euros, la dotación más alta de la historia.