El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha planteado restringir el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. En concreto, propone prohibir el empleo de estos dispositivos en Primaria durante el horario lectivo, mientras que en Secundaria se podrían utilizar bajo supervisión del profesorado. Este tema se abordará en enero con las comunidades autónomas, así como con el Consejo Escolar del Estado, donde está representada la comunidad educativa.

Así lo ha adelantado la ministra Pilar Alegría en el transcurso de la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que ha emplazado a las CCAA a un próximo encuentro para regular la utilización de los móviles en los colegios e institutos. Su propósito es alcanzar “una propuesta coordinada y desde la unidad”, ya que, según ha declarado, “la educación no puede ser la respuesta a todo, pero sí debe ser parte de la solución”. El planteamiento de partida del ministerio pasa por establecer “un uso de cero minutos” en Primaria y permitir su empleo en Secundaria cuando el docente lo considere necesario para la actividad pedagógica.

“Es nuestra obligación e interés lograr que los menores de edad puedan tener una relación sana y saludable con los medios tecnológicos”, ha manifestado la titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, ministerio que se compromete a seguir trabajando en la formación digital del profesorado y del alumnado con el fin de lograr “un uso correcto y saludable” de los móviles, y mejorar el conocimiento en cuanto a sus riesgos y beneficios. Según la ministra, “cada vez más hay una mayor preocupación en las familias, el mundo educativo y la sociedad en general por la utilización” de estos dispositivos, “especialmente, durante el horario lectivo”, por lo que “desde el Gobierno de España y el Ministerio de Educación queremos darle una respuesta”.

Durante la reunión de la Conferencia Sectorial, también se ha abordado la entrada en vigor de las cotizaciones a la Seguridad Social de las prácticas de los alumnos y alumnas de Formación Profesional, prevista para el 1 de enero de 2024, “una mejora de alto valor añadido para miles y miles de estudiantes, y que aporta más tranquilidad a las empresas donde hacen las prácticas y a los centros educativos a los que pertenecen”, tal y como ha explicado la ministra. A su juicio, “se trata de un salto enorme en beneficio del prestigio y el atractivo” de la FP. Esta medida supondrá que el alumnado cotice por el tiempo de prácticas en las empresas, que será de al menos el 25% de las horas lectivas, según marca la nueva Ley de Formación Profesional. La Seguridad Social bonificará el 95% de las cotizaciones y el departamento que dirige Pilar Alegría financiará el 5% restante en 2024.

Por otro lado, ministerio y CCAA han aprobado la distribución de cerca de 330 millones de euros correspondientes a cuatro programas de cooperación territorial vinculados a la FP, la Educación Infantil, la enseñanza de programación y robótica, y la escolarización de estudiantes ucranianos. De este modo, los gobiernos autonómicos recibirán 143 millones para la creación de 76.479 nuevas plazas de Formación Profesional y otros 142,4 millones correspondientes al último tramo de financiación del programa para el impulso de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, que permitirá crear 21.794 plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años. El acuerdo alcanzado por la Conferencia Sectorial implica además la transferencia de 1,6 millones de euros del programa Código Escuela 4.0 y de 41,9 millones para sufragar los gastos derivados de la escolarización de niños y jóvenes desplazados a España por la guerra en Ucrania.