El Ministerio de Educación y FP estudia implantar un sistema de evaluación para los docentes de las enseñanzas no universitarias, que tendrá carácter voluntario y “generará no sólo la capacidad para acceder a otras posiciones dentro de la escuela”, sino que además contemplará “incentivos” para el profesorado “que le serán muy importantes para su carrera”. Así lo ha explicado Isabel Celaá, quien ha precisado que el propósito es que a la educación “lleguen los mejores”.

“Será una evaluación voluntaria” y “el profesor que quiera, igual que en la universidad, podrá acudir a ella”, según apuntó la ministra, que con anterioridad ya había esbozado esta iniciativa, enmarcada dentro del objetivo de su departamento de lograr un futuro acuerdo sobre la profesión docente. En este sentido, admitió que “cambiar la carrera profesional” de los maestros y profesores es un reto “difícil, pero que se ha hecho en otros países”, aunque en España se trata de una reforma que ha quedado relegada por otros debates en el ámbito de la enseñanza.

Tras afirmar que el ministerio “tiene un compromiso inequívoco con el profesorado” y aludir a países como Finlandia o Canadá como ejemplos en los que podría inspirarse el sistema educativo español, la también portavoz del Gobierno planteó la necesidad de convertir a los docentes en “buenos maestros” y de modificar los currículos escolares para que haya “más profundización y menos extensión” respecto a los contenidos que se imparten al alumnado.

A juicio de Celaá, “toda profesión que se precie debe ser evaluada”, de ahí la relevancia de establecer un procedimiento para analizar el desempeño de la labor del profesorado. “No podemos dejar de establecer un sistema de evaluación riguroso y confiable -añadió que permita a todos aquellos que lo deseen recibir una información sobre su quehacer docente, que les ayude a seguir avanzando en su práctica y a mejorar también las condiciones laborales en las que la ejercen”. En cualquier caso, dejó claro que el Ministerio de Educación y Formación Profesional escuchará la opinión de los expertos y de la comunidad educativa antes de definir una propuesta integral sobre la profesión docente, que estaría ultimada antes de que concluya la presente legislatura.

La titular del ramo también recalcó que hay que “evitar que a las aulas lleguen personas que acaban en ellas por avatares de la vida”. Para ello, señaló la posibilidad de imponer una prueba de acceso o requisito adicional para realizar los estudios de magisterio o el máster de profesorado de Secundaria, e introducir una fase práctica en la que los docentes noveles estarían “arropados y apoyados” por expertos “en esta tarea de acompañamiento, de forma que puedan consolidar sus competencias antes de asumir de forma autónoma su trabajo”.

“Nunca le diríamos a un médico recién licenciado que vaya y opere a una persona; sin embargo, producimos docentes, les ponemos en las aulas y nos olvidamos de ellos”, argumentó Celaá, quien también apostó por “fortalecer las estructuras de colaboración en los centros escolares” y por convertir la docencia en “una opción atractiva” y una profesión de prestigio. “Esto implica garantizar en el horario laboral tiempos de reflexión conjunta, tan importantes como las horas lectivas; mejorar la estabilidad de la plantillas; promover un modelo de formación permanente dirigido a profesores y profesoras que parta de su propio análisis y de sus preocupaciones cotidianas y evaluar la capacidad de trabajar en equipo en proyectos comunes”, según apuntaló.

La máxima responsable del Ministerio de Educación y Formación Profesional realizó estas declaraciones durante su intervención en el foro ‘Educar para el siglo XXI. Desafíos y propuestas sobre la profesión docente’, que ha contado con la participación de expertos como Paulo Santiago, José Antonio Marina o Álvaro Marchesi Ullastres, y representantes de todas las comunidades autónomas.

El encuentro, celebrado en el Círculo de Bellas Artes (Madrid), marca el inicio de la reforma de la profesión docente que se propone impulsar Isabel Celaá, quien manifestó que aunque “existe un amplio consenso” en que el profesorado es la “pieza básica de la calidad de la educación, este convencimiento no siempre se ha traducido en las actuaciones que deberían garantizar las condiciones necesarias para que los profesores y las profesoras puedan llevar a cabo su compleja labor con éxito”.

“Somos conscientes de que no es fácil establecer consensos en educación, pero, en el caso de la política de profesorado, es tan evidente la necesidad de avanzar que confiamos en encontrar una preocupación compartida y un deseo común entre las fuerzas políticas y los representantes de la comunidad educativa que nos permita alcanzar este acuerdo tan necesario”, resaltó la ministra, quien subrayó que “queremos los mejores docentes, pero, para ello, debemos darles todo nuestro apoyo”.