CCOO ha denunciado que el anteproyecto de ley para reformar la LOMCE “ignora al profesorado” y ha instado al Gobierno a negociar, en el marco de un futuro Estatuto Docente, todas aquellas materias que afectan al colectivo. En similares términos se han pronunciado desde ANPE, sindicato que lamenta que la propuesta presentada por el Ministerio de Educación y FP (conocida ya como ‘Ley Celaá’) no aborde ni la situación actual ni el futuro de los profesionales de la enseñanza.
UGT, sin embargo, considera que es “un buen momento para introducir en el texto las mejoras que está esperando el profesorado y que faciliten y mejoren su labor diaria en las aulas”.
Tras la reunión mantenida por representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional con los principales sindicatos del sector para abordar la reforma de la LOMCE, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha incidido en la necesidad de derogar la ley de 2013 o al menos que “se ponga fin de forma inmediata a sus aspectos más lesivos”. Asimismo, ha pedido que la nueva norma incluya una memoria económica que, como mínimo, incorpore la recuperación de la inversión educativa previa a los recortes, lo que implicaría alcanzar el 5% PIB.
FE-CCOO también ha exigido que salgan a oposición todas las plazas necesarias para disminuir la tasa de interinidad; que se articule un modelo extraordinario de acceso a la docencia con pruebas no eliminatorias; que se frenen los recortes en las escuelas; y que se reduzca la jornada del profesorado a 18 horas lectivas en Educación Secundaria, FP y Régimen Especial, y a 23 en el caso de Educación Infantil y Primaria.
Por su parte, ANPE cree que la propuesta de modificación de la llamada ‘Ley Wert’ “es sólo una contrarreforma de la LOMCE”, que ni siquiera cuenta con consenso previo, por lo que “una vez más nos vemos abocados a discutir sobre un nuevo anteproyecto que no viene precedido de un acuerdo básico o un Pacto de Estado que hubiera servido para sentar las bases de lo que debe ser una reforma profunda y global del sistema educativo”.
Además, “el texto está lleno de juicios valorativos innecesarios sobre la ley que se pretende modificar” y “ofrece una visión muy parcial y sesgada sobre los verdaderos retos y desafíos a los que se tiene que enfrentar el sistema educativo”, según apunta este sindicato, que critica que solo se contemplen “determinados aspectos mínimos de la ordenación académica”, siendo, en definitiva, “una vuelta a la LOE, incluso a la LOGSE”.
Aunque para ANPE el anteproyecto de ley incluye mejoras en algunos artículos, “en otros se manifiesta un retroceso, como, por ejemplo, la ausencia de evaluaciones censales (nunca reválidas) apostando por evaluaciones muestrales al final de los ciclos”. También está en desacuerdo con que se pueda obtener el título de Bachillerato con alguna asignatura suspensa y lamenta que esta reforma, tan “parcial” y “precipitada”, no afronte el problema de la “desvertebración educativa” (regulando un marco competencial básico en el que estén perfectamente definidas las atribuciones del Estado y las de las comunidades autónomas), ni incorpore una ley de financiación que acompañe al texto para evitar desigualdades en su aplicación en los distintos territorios.
Luces y sombras de la reforma
El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT estima que las modificaciones planteadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional son, “en líneas generales, adecuadas” y “necesarias para corregir las medidas más perjudiciales de la LOMCE. En este sentido, los responsables de la citada federación han valorado la recuperación de aspectos significativos para preservar la equidad y la igualdad de oportunidades, con medidas como la desaparición de reválidas y la supresión de itinerarios, la implantación de una titulación única al finalizar la enseñanza obligatoria o el fomento de la educación en valores entre todo el alumnado.
UGT, sin embargo, critica que el anteproyecto de ley carezca de una memoria económica que sustente el articulado y ve “imprescindible una financiación que sirva para revertir los recortes sufridos a lo largo de estos años, junto con la recuperación e incremento de las plantillas”. En concreto, solicita que se creen más de 130.000 nuevos puestos docentes, que se regule un sistema transitorio de ingreso a la función pública y que se reduzcan las horas lectivas del profesorado y las ratios en las aulas, entre otras medidas.
Mucho más críticos se han mostrado desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que ha rechazado la reforma educativa que ultima el Gobierno porque “no da estabilidad al sistema y no recoge un currículo básico en todo el país, ajustado a criterios pedagógicos y científicos, ni unas horas lectivas mínimas, especialmente de castellano”.
Tras denunciar “la falta de respeto a los representantes de los docentes y la inexistencia de una negociación necesaria que aborde las deficiencias actuales del sistema educativo”, CSIF ha reclamado al ministerio “objetivos claros y sinceros, alejados de réditos electorales y propagandísticos”, y ha rechazado “su nula credibilidad, con medidas que no cuentan con ningún apoyo económico”. A este respecto, ha advertido de la “utilización de nuevo de la educación como una herramienta política” y ha abogado por “impulsar un Pacto de Estado que aporte la estabilidad que se requiere”.
“Es urgente abordar de manera decidida e integral determinados aspectos del ámbito educativo, ya que no se puede modificar la LOMCE de cualquier manera, manteniendo sus defectos perniciosos y sin incorporar ninguna medida concreta, más allá de la vuelta a viejos principios fracasados, como la rebaja de exigencia para la promoción y la titulación”. Así lo cree este sindicato, que se queja de que la reforma que impulsa el Ejecutivo “tiene todos y cada uno de los defectos de la norma anterior, por lo que este nuevo fracaso político tendrá una repercusión clara en los ciudadanos, que no contarán con la educación de calidad que se merecen”.
CSIF, además, considera “esencial” disponer de la financiación adecuada, bajar las ratios, establecer horarios lectivos acordes para el profesorado, implantar apoyos y desdobles para abordar la atención a la diversidad y contar con un currículo básico para todo el Estado.
Una reforma compatible con el Pacto de Estado