La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha presidido la Conferencia Sectorial de Educación, en la que se ha acordado revertir el Real Decreto Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado hace seis años debido a la coyuntura económica del momento. Para ello, el Ejecutivo ha diseñado un anteproyecto de ley que ha presentado a los responsables autonómicos en materia de enseñanza.
Lo que se persigue es «reestablecer la situación anterior” a la aplicación de dicha norma, “al haber desaparecido las circunstancias” excepcionales que motivaron su entrada en vigor.
De esta forma, se derogará, entre otros preceptos, el artículo 2 del Real Decreto Ley que permitía a elevar hasta en un 20% las ratios máximas de alumnos por aula, ya que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2016, 2017 y 2018 ya establecía una tasa de reposición del 100% para las administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, lo cual permite reducir el portaje de estudiantes por clase. Así lo indicaron fuentes ministeriales, que avanzaron que esta medida se aplicará a partir del curso 2019-2020.
Asimismo, se suprimirá el artículo 3, con el que se incrementaba la parte lectiva de la jornada del personal docente hasta un mínimo de 25 horas en Educación Infantil y Primaria y de 20 en las restantes enseñanzas. Ahora “las administraciones públicas con competencias educativas podrán establecer la parte lectiva de la jornada semanal” de los profesionales de la enseñanza, cuando dispongan las comunidades autónomas.
También dejará de tener efecto el artículo 4 del Real Decreto Ley, referido a la sustitución del profesorado en los centros públicos y concertados, según el cual, el nombramiento de interinos para relevar de forma transitoria a docentes titulares se produciría cuando hubieran transcurrido 10 días lectivos desde la primera ausencia. “Esta medida se aplicará de forma inmediata con la entrada en vigor de la nueva ley”, según adelantaron las citadas fuentes.
A juicio de los responsables del Ministerio de Educación y Formación Profesional, las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo contempladas en la norma que fue aprobada en 2012, durante el Gobierno del Partido Popular, han tenido “repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los centros docentes, en la calidad de la enseñanza y en la atención del alumnado”.
Una vez presentado y debatido en la Conferencia Sectorial, el anteproyecto de ley que revertirá el Real Decreto Ley 14/2012 seguirá los cauces habituales de una ley ordinaria, entre los que se incluyen la exposición pública del texto, la consulta al Consejo Escolar del Estado, la elaboración de las memorias correspondientes y la aprobación por el Consejo de Ministros para su envío al Parlamento.
La Conferencia Sectorial de Educación, sin embargo, no estuvo exenta de sobresaltos. Los consejeros del ramo de Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia optaron por abandonar anticipadamente la reunión, al considerar que el encuentro fue una “chapuza” y criticar que no se cumpliera el reglamento que regula la convocatoria de este foro.
En cuanto al anteproyecto de ley presentado por el ministerio que dirige Isabel Celaá, el consejero gallego de Educación, Román Rodríguez, aclaró que “no estamos en desacuerdo con las medidas” planteadas, pero “si no existe financiación del Estado, se incrementará la deuda de las comunidades” por el “fuerte gasto” que supondrá para las administraciones regiones actuaciones como la reducción del número de horas lectivas de los docentes.
El secretario de Estado de Educación, por su parte, calificó de “insólito” el abandono de la reunión por parte de esos cinco consejeros y se mostró “sorprendido de la sobreactuación que hemos visto todos”. En este sentido, Alejandro Tiana destacó que el Gobierno ha tenido la “delicadeza” de presentar el anteproyecto a los responsables educativos de las autonomías para debatir su contenido, y negó que se imponga ninguna obligación de gasto a las comunidades.