La nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presentado a informe, ante el XXI Pleno del Consejo General de la Formación Profesional, el anteproyecto de la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP, un texto con el que se persigue implantar, según sus propias palabras, “una formación de éxito, asociada al talento, a la innovación, a la empleabilidad y a la mejora de la competitividad de nuestras empresas”.

Durante la primera reunión del órgano consultivo de participación institucional y asesoramiento del Gobierno en materia de Formación Profesional presidida por la titular del MEFP tras su toma de posesión, Alegría ha vuelto a poner de manifiesto que “la vocación de escucha y la búsqueda de consensos” inspirarán el trabajo de su equipo para llevar a cabo “una política útil al servicio de la ciudadanía”.

En cuanto a la Formación Profesional, ha señalado que ésta es “para el Gobierno de España una estrategia de país, capaz de desarrollar el talento, la palanca de crecimiento económico y, en definitiva, de bienestar social”. Además, ha recordado que desde su ministerio se ha diseñado el Componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pone el foco en el desarrollo e impulso a la FP, con una inversión total de 2.075 millones de euros hasta 2023.

En el encuentro también ha estado presente la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien considera fundamental “conseguir que la buena cualificación de nuestros jóvenes y de las personas trabajadoras sea aprovechada en el ámbito productivo, mejorando las empresas, los servicios públicos, privados o sociales”. La también vicepresidenta segunda del Gobierno ha abogado, asimismo, por mejorar “el capital humano y la empleabilidad”, pero “también construyendo espíritus críticos”, que debe ser el “fin superior de cualquier estadio educativo”.

El borrador de la nueva Ley de la FP, que consolida el sistema unificado de Formación Profesional impulsado por el MEFP, ha sido presentado a informe ante el Pleno del Consejo General de la Formación Profesional tras su primera lectura en el Consejo de Ministros el pasado mes de junio. Desde entonces, se están recogiendo las aportaciones al texto de las distintas administraciones autonómicas, resto de ministerios, interlocutores sociales y entidades del ámbito de la FP. El documento también será tratado en el seno de otros órganos consultivos, como el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado, antes de su aprobación definitiva por el gabinete del Ejecutivo y posterior trámite parlamentario.

La futura norma pretende conseguir un sistema de Formación Profesional más accesible y conectado con el empleo, que contribuya al desarrollo del talento y la actualización de las competencias profesionales a lo largo de la vida. Para lograrlo, establece una oferta única, modular y flexible dirigida por primera vez a estudiantes y trabajadores (tanto empleados como desempleados), ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes. Esta novedosa estructura facilitará el acceso a toda una serie de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que será acumulable, y que posibilitará a cada persona diseñar su propio itinerario en función de sus necesidades.

A juicio de la ministra de Trabajo, es necesario “conseguir que las necesidades formativas y profesionales de nuestras empresas o servicios públicos se vean cubiertas de manera eficaz por los sistemas educativo y formativo”. Se trata de un proceso que, a lo largo de la vida, permite responder a las demandas de la Unión Europea y acometer las transiciones laborales que reclama el sistema productivo.