FECCOO ha pedido que se recupere la inversión educativa después de que los recortes supusieran “una pérdida de 9.000 millones de euros para la escuela pública”, mientras que FeSP-UGT ha subrayado la necesidad de que “el gasto público en educación alcance el 5%” del PIB en 2023, “como primer paso para llegar al 7%”. Así se lo han trasladado los responsables de ambos sindicatos a la ministra Isabel Celaá, con quien mantuvieron sendas reuniones.
Entre las “reivindicaciones más importantes” que la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha presentado a la titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional, también destacan la conveniencia de “mejorar aspectos de la propuesta de la LOMLOE para derogar la LOMCE” y “establecer los canales para la negociación colectiva que permitan ofrecer una FP de calidad”. Además, CCOO aboga por incorporar las enseñanzas artísticas al Espacio Europeo de la Educación Superior, y por “recuperar el carácter compensatorio y de derecho subjetivo de las becas y ayudas, dejando atrás los modelos que comprometen la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación”.
En cuanto al ámbito del profesorado -que, según este sindicato, debería ser uno de los “ejes fundamentales” de la presente legislatura-, FECOO exige el cumplimiento del I Acuerdo para la mejora del empleo en el ámbito educativo y la reducción de la temporalidad en el empleo, para situarla por debajo del 8% en cada comunidad autónoma. Para la federación, también resulta prioritario cambiar el modelo de acceso a la labor docente, crear una mesa de igualdad en el marco de la negociación colectiva, rebajar la jornada de los profesionales mayores de 55 años y limitarla, de forma general, a 18 horas en Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Régimen Especial, y a 23 en Infantil y Primaria.
Asimismo, Comisiones Obreras apuesta por mejorar las condiciones de los más de 120.000 docentes que se jubilarán en los próximos diez años, “lo que permitirá rejuvenecer las plantillas y alcanzar los estándares que marca la OCDE”, y por garantizar “un sistema de Concurso de Traslados que permita la movilidad estatal de manera homogénea, como corresponde a un cuerpo estatal”.
Por su parte, los representantes de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, además de defender un aumento del gasto educativo, han planteado a Isabel Celaá y al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, también presente en las reuniones, “la urgente necesidad de derogar la LOMCE”, sustituyéndola por una nueva norma “basada en amplios acuerdos” y que “dé respuesta a los verdaderos problemas del profesorado y del alumnado”. Para ello, una vez que el Gobierno apruebe el proyecto de ley y se inicie su tramitación parlamentaria, los partidos políticos deberían esforzarse “por alcanzar un acuerdo de mínimos que consiga dar estabilidad al sistema educativo”.
Respecto al profesorado, la Unión General de Trabajadores demanda la apertura de las mesas de negociación de la Enseñanza Pública y de la Privada, arguyendo que ya ha llegado el momento de la “recuperación de las condiciones socio-laborales arrebatadas durante la crisis económica”. En esta misma línea, reivindica la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza, la reducción del número de estudiantes y grupos asignados a cada profesor, la disminución de la carga lectiva y la puesta en marcha de medidas que contribuyan a lograr una mayor motivación por parte del colectivo docente, así como un mejor reconocimiento social.
FeSP-UGT, que considera que esta legislatura debe suponer un compromiso real con la educación “para que esta se convierta de verdad en una prioridad de Estado”, también ha puesto sobre la mesa la situación del profesorado interino, la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente y el establecimiento de un nuevo sistema de ingreso a la profesión en el que “las partes de la prueba de oposición no sean eliminatorias y se pondere al máximo la experiencia docente”, entre otros asuntos.
Por otra parte, esta federación propone negociar un nuevo real decreto de conciertos educativos, para sentar las bases de la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores en cuanto a homologación retributiva y jornada.