El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que revierte los recortes introducidos por el Real Decreto 14/2012. En concreto, la nueva norma elimina el aumento de la jornada lectiva de los docentes, la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios de alumnos por aula y la espera de diez días para nombrar a interinos que sustituyan a titulares de baja.
Además, el pleno de la Cámara Baja ha rechazado una enmienda incorporada en el Senado por el Partido Popular para establecer que, en toda España, la carga lectiva de los maestros de Educación Primaria sea de 23 horas semanales y de 18 la de los profesores de Secundaria, independientemente de la comunidad en la que ejerzan. De esta manera, serán las administraciones autonómicas las que decidan la parte lectiva de la jornada de sus docentes, siempre que no se superen las recomendaciones (de 23 horas en los colegios de Infantil, Primaria y Especial, y de 18 en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general).
La nueva ley también suprime la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan incrementar un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y estipula, en cuanto a la sustitución transitoria de los docentes, que el relevo deberá producirse una vez que el profesor titular de una plaza cause baja, sin que haya que esperar diez días antes de nombrar a interinos suplentes. Esta última medida será la única que entre en vigor inmediatamente, mientras que las otras dos comenzarán a aplicarse en el curso 2019-2020 por razones de planificación y organización escolar.
Tras agradecer al profesorado su dedicación, soportando “durante la crisis unas condiciones muy duras” y aun así haber conseguido “mantener la calidad del sistema”, la ministra de Educación y Formación Profesional argumentó que “es de justicia revertir estos recortes, porque redundan en la mejora de la educación española y en la mejora de la sociedad”. En este sentido, Isabel Celaá apostilló durante su intervención en el Congreso que la nueva ley “salda una deuda con el profesorado y las familias”.
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