Aunque el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de la nueva ley de Educación, cuyo objetivo es eliminar la LOMCE y posicionar a España entre los países con mejores sistemas educativos, su tramitación parlamentaria quedará en suspenso. La convocatoria de elecciones anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obliga a disolver las Cortes en marzo, por lo que el texto no podrá continuar los trámites para su debate y eventual aprobación.
Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la conocida como ‘Ley Celaá’ es “el resultado de un amplio proceso de participación” en el que han intervenido la mayor parte de las administraciones autónomas, los consejos escolares regionales, diferentes organizaciones y representantes de la comunidad educativa. Y todo ello con la finalidad de derogar la llamada ‘Ley Wert’ y modernizar la LOE, contando con las aportaciones de entidades, profesionales y agentes del ámbito de la enseñanza.
La ministra Isabel Celaá ha insistido en que los efectos de la LOMCE “son nocivos para el sistema educativo español” y como ejemplo, indicó que, desde su promulgación, el número de graduados en ESO ha descendido en tres puntos y el de titulados en Bachillerato, en dos. Para acabar con esta situación y “situar a la educación española en el siglo XXI”, se fue elaborando el proyecto de ley cuyas principales novedades y aspectos son los siguientes:
Ordenación de las enseñanzas
En la ‘Ley Celaá’, la Educación Primaria vuelve a organizarse en tres ciclos, se elimina la jerarquía de materias (desapareciendo la división de asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen las pruebas finales de etapa. Respecto al modelo de desarrollo curricular, un 55% de los contenidos serían competencias del Estado en las comunidades con dos lenguas oficiales, mientras que en las autonomías con una sola lengua oficial el porcentaje ascendería hasta el 65%.
Por otra parte, en la norma se garantiza que todos los estudiantes de Educación Primaria y ESO cursen una asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos; se facilita la agrupación de materias en ámbitos de conocimiento; y se introduce el trabajo por proyectos prácticos para las optativas. En Bachillerato, se prevé la posibilidad de obtener el título por compensación, en caso de superarse todas las materias salvo una, y se recupera la anterior Prueba de Acceso a la Universidad.
Apuesta por la educación de 0 a 3 años
El texto prevé conceder un nuevo mandato al Gobierno para que, en colaboración con las administraciones educativas, determine los contenidos del primer ciclo de Educación Infantil y regule los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten esta etapa. De este modo, se regularían los requisitos de titulación de sus profesionales y los que tengan que acreditar las escuelas, relativos a la relación numérica alumno-profesor, a las instalaciones y a la dotación de puestos escolares.
Una Formación Profesional más flexible
En cuanto a la Formación Profesional, se aboga por mejorar el reconocimiento social de los itinerarios formativos para aproximar a España a las tasas de matriculación del resto de los países europeos, así como por flexibilizar las enseñanzas y agilizar los procesos de incorporación de nuevos contenidos. La medida más importante es que los estudiantes que superen un ciclo de grado básico reciban el título de graduado en ESO, lo que les permitiría acceder a cualquier enseñanza postobligatoria.
Fomento de la equidad y la inclusión
El proyecto elimina los itinerarios de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, de forma que cualquier opción conduzca al mismo título de graduado en ESO. También reformula el programa de atención a la diversidad, recuperándose los Programas de Diversificación Curricular, e incorpora medidas de flexibilización para estudiantes con necesidades educativas especiales.
El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, desarrollaría un plan con el fin de que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios dispongan de los recursos suficientes para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las escuelas de educación especial, por su parte, seguirían contando con el apoyo necesario de las administraciones educativas para que, además de escolarizar a alumnado que requiera atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
Atención a la escuela rural e insular
Entre las medidas relacionadas con la equidad, se insiste en la atención que las administraciones educativas deben prestar a la escuela rural y a la insular, y se restablece el equilibrio que tiene que existir en la red de centros, garantizando los derechos y las libertades de todos los interesados. “Sin pretender modificar el régimen de conciertos, se recupera el equilibrio alcanzando con legislaciones anteriores a la LOMCE”, según precisaron fuentes ministeriales.
Prevención de la violencia de género
En todas las etapas educativas se trabajaría para prevenir la violencia de género y por la igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, la denominada Ley Orgánica por que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo de Educación cumpliría con las propuestas recogidas en el informe de la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de género de 2017. Además, el texto presta especial atención a la prevención de la violencia contra la infancia.
Prioridad a la coeducación en los centros
El proyecto de ley contempla mejorar el sistema de admisión del alumnado, eliminar los “elementos discriminatorios” de los criterios de baremación derivados de la especialización de centros y recuperar plenamente para los poderes públicos el mandato de la programación de la enseñanza. Asimismo, se daría prioridad a las escuelas que se organicen bajo el principio de coeducación y no separen al alumnado por su sexo o su orientación sexual (fundamentalmente en el caso de las unidades concertadas).
A esto se añade que los centros de enseñanza diferenciada tendrían necesariamente que incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género; el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad; y la participación activa para hacer realidad la igualdad.
Evaluaciones de diagnóstico
El texto establece la realización de evaluaciones de diagnóstico para el alumnado de cuarto curso de Educación Primaria y para los estudiantes de segundo de Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, los resultados obtenidos no se podrían utilizar para hacer clasificaciones de centros. En lo referente a la evolución del sistema educativo, se contemplan evaluaciones muestrales y plurianuales de las competencias adquiridas por los discentes al finalizar Primaria y ESO.
Participación de la comunidad educativa
Aumentar la autonomía de los centros y la participación en su gobierno de toda la comunidad educativa es otro de los objetivos de la ‘Ley Celaá’, que también apuesta por un modelo de dirección que se alinea con las recomendaciones europeas sobre dicha figura. De esta manera, las comisiones de selección de nuevos directores o directoras incorporarían a profesionales experimentados y se ofrecería una formación preceptiva con carácter previo a los nombramientos.
Asignatura de Religión y competencia digital
En el proyecto de ley se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión, mientras que la calificación de esta asignatura no se tendría en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros. Por otra parte, se incide en la necesidad de tener en cuenta el cambio tecnológico que se está produciendo, para lo cual se apuesta por el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas.
Otros aspectos
El texto contempla un plan de incremento del gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del PIB, la creación de una unidad en la estructura orgánica del Ministerio de Educación que contribuya a la actualización permanente de los currículos en cooperación con las comunidades y un incremento de la presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, así como en las enseñanzas de FP con menor demanda femenina.