La Central Sindical Independiente y de Funcionarios asegura que el nuevo curso escolar arranca con un déficit de más de 26.600 docentes, ya que las últimas convocatorias de empleo público no se han correspondido con el incremento de alumnos registrado desde 2008. Y es que, según un informe de CSIF, el número de estudiantes no universitarios ha aumentado un 9,6% en todo el país en la última década, mientras que la cifra de profesores ha crecido un 4,1%.
En este sentido, el sindicato ha precisado que “las oposiciones a docentes realizadas este verano arrojan un total de 27.995 incorporaciones”, una cifra que resulta “claramente insuficiente a raíz de los datos valorados”, por lo que “urge reforzar las plantillas para adecuarlas al incremento de alumnos”. A esto se une que se quedaron sin adjudicar 548 plazas de maestros y profesores, según las estimaciones de CSIF, y el hecho de que “durante los meses de junio, julio y agosto se destruyeran un total de 221.669 empleos en el sector de la educación”.
Por otra parte, esta organización sindical ha detectado un déficit en el gasto educativo de 7.123 millones de euros, “dado que los diferentes gobiernos de forma sistemática no han reflejado el incremento del coste de la vida a esta inversión”. Además, “la falta de acuerdos políticos, el retraso en la formación de un nuevo gobierno, la prórroga de los presupuestos y los problemas de financiación de las comunidades autónomas no han hecho más que agravar la situación”, ya que tales circunstancias impiden que se adopten soluciones inmediatas a problemas como el déficit en las plantillas docentes, el exceso de alumnos por aula, la falta de atención individualizada a estudiantes que lo necesiten o el exceso de burocracia en los centros educativos.
Por otra parte, CSIF ha reclamado una normativa básica que regule el horario lectivo de todos los profesionales de la enseñanza, una negociación de este asunto en el marco del Estatuto Docente y un Pacto Educativo que permita modificar la LOMCE y consensuar una nueva ley que se fundamente en aspectos como potenciar la educación pública, alcanzar una financiación cuyo horizonte sea el 7% del PIB, reducir las ratios de alumnos e incrementar las plantillas.
Asimismo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha pedido a la Alta Inspección que actúe con el fin de “garantizar el rigor académico en el contenido de los libros de texto, para evitar arbitrariedades por parte de las comunidades autónomas”, tal y como puso de manifiesto la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).