El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas trabajarán de forma conjunta para abordar el comienzo y el desarrollo del curso 2020-2021 en función de la evolución de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En este contexto, se elaborarán orientaciones que ayuden a las CCAA y a los centros escolares a diseñar sus propios planes de contingencia que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad educativa.
Así se ha decidido durante la tercera Conferencia Sectorial de Educación celebrada desde la declaración del Estado de Alarma, y con ello se da continuidad al acuerdo adoptado en la anterior reunión mantenida por videoconferencia entre los responsables del ministerio, encabezados por Isabel Celaá, y los representantes autonómicos, que establecía que el MEPF y las consejerías competentes diseñarían “planes de contingencia para responder a posibles nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva provocada por el Covid-19”.
Un grupo de trabajo abordará diversos aspectos como la organización escolar adaptada a la pandemia, la programación didáctica de cursos y áreas, la dotación tecnológica, el refuerzo de la competencia digital y el seguimiento y apoyo de la actividad lectiva a distancia.
En cuanto al documento de orientaciones para la elaboración de planes de actuación, éste deberá estar redactado antes del comienzo de las vacaciones estivales y tendrá en cuenta tres posibles escenarios:
• Que la evolución de la pandemia permita que la actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial en los centros sin la obligación de mantener la distancia interpersonal.
• Que la evolución de la pandemia continúe obligando a mantener la distancia interpersonal en todos los centros educativos como medida de prevención para evitar contagios.
• Que la evolución de la pandemia impida el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento del curso 2020-2021 debido a algún rebrote de la enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento.
En todos los supuestos será necesario adaptar los currículos y las programaciones de los cursos, áreas y materias con el fin de prestar especial atención a las competencias fundamentales y para recuperar los déficits ocasionados por la alteración que provocó la suspensión de la actividad lectiva presencial el pasado mes de marzo.
Además, en el caso de que la evolución de la pandemia continúe obligando a mantener la distancia interpersonal y, por tanto, no sea posible que todo el alumnado de un grupo y etapa se concentre en una misma aula, habría que adoptar medidas como optimizar todos los espacios del centro educativo, combinar la actividad presencial con la actividad a distancia o adecuar los horarios para cumplir las condiciones sanitarias establecidas y garantizar la continuidad de la formación. Esta situación también requeriría dotar a los centros de equipamiento higiénico-sanitario para el personal y el alumnado, establecer medidas de seguridad y control, confeccionar protocolos de movilidad y dar formación al respecto al profesorado y a los estudiantes.
En todo caso, según fuentes del MEPF, se deberán programar contenidos y actividades educativas adecuadas para la enseñanza no presencial y online, y hacer previsiones para la eventual evaluación a distancia de partes del curso. Asimismo, será necesario dotar de equipamiento tecnológico a los centros, desarrollar actividades de formación intensiva del profesorado para la utilización de recursos en línea e idear planes de preparación del alumnado para el empleo de herramientas y plataformas digitales.
De momento, el ministerio que dirige Isabel Celaá ya trabajando con el de Asuntos Económicos y Transformación Digital para diseñar un programa de cooperación territorial que permita incrementar los recursos para avanzar en la digitalización. El propósito es reforzar los medios y competencias digitales, tanto a través de plataformas como de dispositivos de uso personal y formación del profesorado. Además, para la actividad educativa a distancia, se elaborarán planes de seguimiento y apoyo al alumnado con dificultades para seguir esta modalidad.
Por otra parte, durante la Conferencia Sectorial se ha analizado la autorización parcial de la actividad educativa presencial en la fase 2 del plan de desescalada. En este punto, la mayoría de las comunidades autónomas han respaldado la decisión de dar prioridad a los estudiantes de finales de etapa (cuarto de ESO, segundo de Bachillerato, segundo de Formación Profesional media y superior y último año de Enseñanzas de Régimen Especial) por la importancia académica de estos cursos para obtener una titulación o poder cambiar ciclo. Esta vuelta a las aulas se hará, en cualquier caso, respetando las normas de seguridad dictadas por el Ministerio de Sanidad y la presencia del alumnado será voluntaria, aunque las actividades se tendrán que planificar para evitar aglomeraciones innecesarias.
Asimismo, las comunidades autónomas podrán organizar actividades voluntarias de apoyo y de refuerzo para los estudiantes que más lo necesiten y abrir los centros destinados a escolares de 0 a 6 años cuyos padres tengan que trabajar de forma presencial, según lo establecido en las fases de desescalada del confinamiento, extremando las medidas de seguridad sanitarias.
Respecto a la Evaluación para el Acceso a la Universidad y algunas pruebas para el ingreso en ciclos formativos de FP u otras enseñanzas, cada CCAA será responsable de desarrollarlas en las mejores condiciones para el alumnado y el profesorado presente.