La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Dirección General de Apoyo a la Reforma Estructural de la Comisión Europea han elaborado “Propuestas para un Plan de Acción para reducir el Abandono Escolar Temprano en España”, un informe con 15 recomendaciones y 44 propuestas repartidas en cinco ámbitos de acción para prevenir la salida prematura del sistema educativo de los jóvenes.
La primera área de acción se centra en establecer un enfoque común para identificar los “centros vulnerables” y orientar de la forma más eficaz la distribución de los recursos necesarios. Para ello, propone desarrollar un “índice de vulnerabilidad escolar” que sea equiparable en toda España y que pueda utilizarse para asignar recursos adicionales. Entre la información que se podría incluir en este índice se encuentran los datos socioeconómicos, culturales y geográficos de los centros e indicadores educativos como las tasas de repetición de curso, absentismo o rendimiento académicos, entre otros.
También se recomienda crear un sistema común de alerta temprana sobre el alumnado en riesgo de abandonar sus estudios antes de finalizar la segunda etapa postobligatoria, con información actualizada de los estudiantes que incluya datos de rendimiento y de comportamiento y que sea accesible a todas las administraciones educativas en caso de que un discente cambie de centro. Otra prioridad es establecer definiciones y mediciones comunes de conceptos clave como el “absentismo escolar” o “los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo”.
La segunda área de acción gira en torno a la preparación de los docentes, los equipos directivos y los demás profesionales de los centros para fomentar la inclusión y el bienestar del alumnado y prevenir el abandono. En este ámbito, se propone, entre otras medidas, incluir las competencias socioemocionales entre los criterios de admisión y de selección al acceder a la formación inicial del profesorado (como se hace, por ejemplo, en Finlandia y Países Bajos); alentar a personas de diversos orígenes a acceder a la profesión; y promover un desarrollo profesional continuo de alta calidad en el ámbito de la gestión de la diversidad en el aula y de las necesidades individuales de aprendizaje, dando prioridad a los profesores de los centros vulnerables.
Un tercer conjunto de medidas busca promover el apoyo al alumnado y fomentar la inclusión y la equidad. En este sentido, el “índice de vulnerabilidad escolar” podría utilizarse para respaldar actuaciones adaptadas a cada centro como el apoyo adicional a los alumnos en dificultad y a sus familias, la creación de grupos de aprendizaje de diferentes tamaños, las clases de apoyo con los deberes o clases de refuerzo, o la ampliación del tiempo de aprendizaje.
El informe recomienda igualmente reducir la repetición de curso, que conlleva el riesgo de rendimiento académico más bajo del repetidor, desmotivación y abandono escolar temprano, y favorecer alternativas eficaces, como la intervención temprana. También destaca la importancia de reducir la segregación escolar, reforzar la orientación en los centros escolares y fomentar un clima escolar positivo.
El cuarto ámbito de actuación propone seguir promoviendo la flexibilidad curricular y el aprendizaje basado en competencias, la Formación Profesional atractiva y de calidad y los programas de reincorporación escolar. Entre otras propuestas, el informe recomienda la puesta en marcha de una campaña nacional de concienciación sobre la calidad de la FP y hacer los Centros de Educación para Personas Adultas más atractivos para los jóvenes.
Por último, el informe propone como quinto ámbito de actuación institucionalizar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las comunidades autónomas y el Ministerio para reducir el abandono escolar, a través de reuniones periódicas, y crear una plataforma digital común con las diferentes medidas puestas en marcha y su seguimiento.
“Este informe culmina un proyecto puesto en marcha hace dos años, centrado en el análisis e identificación de buenas prácticas a nivel internacional, nacional y regional, y ha contado con el apoyo de grupos de trabajo en los que han participado los principales actores del sistema educativo y con la participación activa de todas las comunidades autónomas”, según fuentes del MEFP.
La tasa de abandono escolar temprano (porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la Educación Secundaria postobligatoria, principalmente Bachillerato o FP de Grado Medio) en España se situó durante el pasado año en el 13,9%, casi la mitad que una década antes. Sin embargo, se encuentra todavía por debajo del objetivo del 9% fijado por la Comisión Europea. Los jóvenes que abandonan los estudios prematuramente corren el riesgo de sufrir exclusión social, puesto que tienen más dificultades para encontrar empleo, según se desprende de varios estudios de la OCDE.
Reducir esta tasa es un objetivo prioritario del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Tanto la última Ley de Educación (LOMLOE, 2020), como la Ley de Formación Profesional (2022) se marcan entre sus prioridades esta meta, promoviendo un aprendizaje flexible, la detección precoz y la individualización del aprendizaje. Además, el MEFP ha puesto en marcha el Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+) destinado a mejorar el éxito escolar en los centros sostenidos con fondos públicos con al menos el 30% de los estudiantes en dificultad. El programa, cofinanciado por la Unión Europea, cuenta con un presupuesto de 360 millones de euros para el periodo 2021-2024 y está actualmente implantado en casi 3.700 centros de todo el país. Este programa se completa con las Unidades de Acompañamiento y Orientación, que prestan apoyo al alumnado en riesgo de repetición y de abandono escolar. Financiado por fondos europeos, cuenta con 124 millones para 2021-2024, que el ministerio distribuye a las Comunidades Autónomas.