El Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar ha aprobado la guía ‘Coordinador o coordinadora de Bienestar y Protección en la Comunidad Escolar’, con pautas orientativas para su implantación, así como las ‘Recomendaciones para Trabajar la Ciberconvivencia en los Centros Escolares’, que incluyen la elaboración de protocolos ante las problemáticas relacionadas con Internet y consejos para la detección y gestión de posibles conflictos, entre otros aspectos.

La ministra de Educación y Formación Profesional, quien ha presidido el Pleno de este órgano consultivo, reunido por tercera vez desde su reactivación en 2020, ha destacado el trabajo que se realiza desde hace años en los colegios e institutos gracias a la dedicación de los docentes. “Vuestra labor es fundamental para coordinar esfuerzos, elaborar materiales conjuntamente y velar por que nuestros centros educativos sean espacios seguros para los más jóvenes”, ha asegurado Pilar Alegría, quien defiende que el aula debe ser un lugar “tranquilizador, motivador e integrador”, en el que se vele por “el respeto, la convivencia y la igualdad”, ya que “esa es la base de una educación enriquecedora y de una sociedad mejor”.

La guía sobre la figura del Coordinador o Coordinadora de Bienestar ha sido elaborada por María Ángeles Espinosa Bayal, del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con las comunidades autónomas. En ella se presentan una serie de propuestas orientativas sobre las funciones y la formación de esta figura introducida en la Ley de Educación (LOMLOE) y en la Ley de Protección de la Infancia (LOPIVI).

El documento divide las funciones del coordinador o coordinadora en torno a cinco fases de acción: la planificación de las actuaciones, la prevención a través de labores de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa, la organización de la formación tanto del personal del centro como del alumnado, las labores encaminadas a la detección temprana de las situaciones de violencia y la fase de intervención. Para esta última, es preciso construir un entramado de colaboraciones internas (equipo directivo, docentes, personal administrativo y de servicios, familias, alumnado y servicios de orientación) y externas (servicios sociales, sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad y justicia).

La guía propone una formación básica para el conjunto del personal del centro educativo; una formación específica y habilitante para los coordinadores/as, que incluiría contenidos para la formación de las familias y del alumnado; y una tercera dirigida a los coordinadores/as que trabajen en centros con niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo de vulnerabilidad social. Con respecto a los requisitos de esta figura, se destaca la experiencia y la formación de la persona en materia de prevención y de intervención, así como la antigüedad en el centro educativo, la estabilidad en el mismo y la coordinación con el equipo directivo.

Por otra parte, las ‘Recomendaciones para Trabajar la Ciberconvivencia en los Centros Educativos’ han sido elaboradas por el Grupo de Ciberconvivencia del Observatorio, coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Este documento recoge una serie de consejos que incluyen la elaboración de protocolos ante las problemáticas relacionadas con Internet, la formación para el profesorado, el alumnado y las familias, y pautas para la detección de posibles conflictos y la gestión de estos mismos. En cada apartado incorpora ideas de acciones concretas para aplicar en el centro educativo, así como numerosos enlaces a recursos adicionales.

Otras medidas a favor de la convivencia escolar

Durante la sesión, el Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar también ha repasado las últimas actuaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional en esta materia, como la puesta en marcha del Programa de Cooperación Territorial de Bienestar Emocional en el ámbito educativo, dotado con 5 millones de euros, la promoción de los centros con prácticas de éxito en el desarrollo del buen clima con la convocatoria del ‘Concurso Nacional de Buenas Prácticas’, o la organización de cursos tutorizados para profesores sobre convivencia positiva, entre otras medidas.

El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar fue reactivado en 2020, después de casi una década sin reunirse. En él participan, además del MEFP, las comunidades autónomas, los principales sindicatos de la enseñanza, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres, confederaciones y federaciones de asociaciones de alumnos y organizaciones empresariales, entre otros.