“La nueva Ley de Formación Profesional no es una ley más”, sino “una ley de país, ya que supone una modernización profunda de nuestro modelo educativo y productivo”. En esos términos ha definido el presidente del Gobierno la futura norma que regulará la ordenación e integración de la FP, cuyo proyecto ha recibido luz verde del Consejo de Ministros tras “un largo proceso de diálogo y consenso con la comunidad educativa, agentes sociales y comunidades autónomas”.
Según Pedro Sánchez, se trata de “una ley transformadora, una ley de futuro”, que tiene carácter transversal y representa una oportunidad para jóvenes, trabajadores y empresas, al consolidar una Formación Profesional dual que garantizará “una educación de calidad que permita a los ciudadanos ser críticos, libres y autónomos para comprender el mundo en el que vivimos”. Además, apuesta por la digitalización, la internacionalización, el emprendimiento y la sostenibilidad como factores clave para la recuperación económica.
La nueva norma, que forma parte del proyecto global de reforma educativa del Gobierno, fija la creación de 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional hasta 2023, de las que más de la mitad ya están disponibles, y consolida la creación de diez nuevas titulaciones y quince cursos de especialización. Esta ley, junto a la de Universidades y el desarrollo de la LOMLOE, suponen una “inversión sin precedentes” en la educación española, ya que, a juicio del jefe del Ejecutivo, “si queremos que España avance en los cauces de una recuperación justa, no hay mejor receta que invertir en educación”.
El texto de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional consolida una oferta formativa única, flexible y acreditable, dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores, y está dotada con 5.474 millones de euros a ejecutar entre 2022 y 2025, de los que 1.550 proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación. Asimismo, establece una FP dual que garantizará el acceso de todo el alumnado a formación y prácticas en empresas; en concreto, la FP general contará con un periodo de prácticas de entre el 25% y el 35%, mientras que en la FP intensiva oscilará entre el 35% y el 50%.
Por otra parte, las comunidades autónomas verán reforzado su papel en este ámbito, ya que podrán adaptar la formación a la realidad del tejido productivo de sus territorios e introducir complementos formativos propios. También se regula la relación entre la FP y la enseñanza universitaria, facilitando el trabajo en proyectos conjuntos y el tránsito entre los dos sistemas, en ambos sentidos, y se mejora el proceso de acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de experiencias laborales y vías no formales de formación.