El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional contra la implantación del ‘pin parental’ en esta comunidad. Además, en una pieza separada resolverá su suspensión cautelar, también solicitada por el MEFP, de modo que la administración autonómica dispondrá de diez días para que exponer “lo que estime procedente” sobre esta medida.
El recurso fue presentado justo el día después de que expirara que el plazo concedido por el ministerio que dirige Isabel Celaá a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia para que retirara dos instrucciones de agosto de 2019, en virtud de las cuales los centros escolares deben poner en conocimiento de las familias del alumnado las actividades complementarias que forman parte de la propuesta curricular, con el fin de que los padres y madres de los estudiantes puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos en esas actividades.
El requerimiento finalmente fue desatendido por el Ejecutivo regional, que ha venido defendiendo que el ‘pin parental’ cuenta con el aval de diferentes informes jurídicos y de la inspección de educación, por lo que sólo retiraría la medida en el caso de que alguna instancia judicial así lo ordenase.
Por otra parte, el Claustro de la Universidad de Murcia ha aprobado una declaración institucional en contra del también llamado ‘veto parental’, implantado por el Gobierno murciano del Partido Popular y Ciudadanos, a petición de Vox.