El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que otorgará a los docentes que prestan servicio en el sistema educativo público de esta comunidad la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, así como la presunción de veracidad, al tiempo que garantizará la asistencia jurídica y psicológica a estos profesionales de la enseñanza.
Además, el texto establecerá un marco para fijar normas y medidas disciplinarias dentro de los planes para el fomento de la convivencia en los centros y “promoverá el trato, la consideración y el respeto que le son debidos a los docentes en el ejercicio de sus funciones y competencias”, por parte del alumnado, de las familias y del personal que trabaja en los colegios e institutos, según informaron fuentes de la Junta de Andalucía.
Para ello, la futura norma recogerá derechos del profesorado, como tener la potestad y la autonomía para tomar las decisiones necesarias, de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la normativa vigente, que le permitan crear un clima adecuado que favorezca el estudio y el aprendizaje durante las clases y las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar. Asimismo, la administración educativa velará para que los docentes reciban el trato y el respeto que les corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeñan y realizará campañas que favorezcan su prestigio social.
En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por los profesionales de la enseñanza tendrán valor probatorio y se garantizará la presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan aportar los propios alumnos o alumnas.
En el anteproyecto de ley están incluidos los actos contrarios a la integridad física o moral del profesorado cuando se produzcan en el ejercicio de su función. De este modo, se contempla el principio de responsabilidad y reparación de daños en los casos de agresión a docentes protagonizados por el alumnado o por personas relacionadas con él. Al margen de la responsabilidad civil o penal, se incluye la petición de excusas y el reconocimiento de la culpa, bien en público o en privado, según los hechos.
Los estudiantes también estarán obligados a reparar los daños o hacerse cargo del coste que causen de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que los padres, madres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos en la ley.
El ámbito de aplicación de la futura ley será en los centros educativos, servicios, programas y actividades que se realicen en los colegios e institutos en horario escolar y se extenderá al conjunto de actuaciones que desarrollen las escuelas para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo y que requieran la presencia de profesores.
El texto legislativo establece el deber de colaboración de las familias y de las instituciones públicas cuando un profesor necesite recabar información para el ejercicio de la función educativa, así como para la aplicación de las normas que garanticen la convivencia en los centros docentes.
El anteproyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado es una de las 21 medidas que el nuevo Ejecutivo andaluz ha acordado durante sus primeros cien días de gobierno, según indicó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien explicó que esta iniciativa “persigue colocar a los profesionales docentes en el lugar en el que deben estar quienes ostentan una de las responsabilidades más importantes para la sociedad, como es la formación de nuestros jóvenes”.