ANPE ha reclamado al Gobierno que “la subida salarial acordada del 2% llegue a los funcionarios docentes a partir de 1 de enero del 2020” y que “se sienten las bases” para que haya un aumento de la inversión en educación, con el objetivo de llegar, como mínimo, al 5% del Producto Interior Bruto (PIB). Además, el sindicato docente confía en que durante la próxima legislatura se alcance un Pacto de Estado o un gran acuerdo para dar estabilidad al sistema educativo.

A través de un comunicado, la organización sindical ha criticado que “en el actual marco de incertidumbre política, el Gobierno en funciones se excusa en la posible ausencia de Presupuestos Generales del Estado para poner en duda la justa subida salarial de los funcionarios”, cuando “esto no debe ser obstáculo” para un Ejecutivo “acostumbrado al uso de la técnica del Real Decreto Ley”. Por ello, ha exigido que se suban los sueldos “al menos el 2%, además de los posibles incrementos adicionales, como estaba previsto inicialmente”.

Según ANPE, “el fuerte recorte salarial sufrido por los empleados públicos desde 2010 en adelante fue mucho mayor en los grupos funcionariales en los que se encuadra el profesorado, siendo en aquel momento del 7% en la mayoría de los cuerpos docentes, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo en estos últimos años superior al 25%”.  Ante tal panorama, ha pedido que se establezca una cláusula de revisión salarial en función del IPC, al tiempo que ha solicitado al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos que “coordinen sus actuaciones de cara al logro de la equiparación salarial” entre los profesionales de la enseñanza de las distintas comunidades.

Este sindicato también considera “imprescindible” que se aumente la inversión educativa para que España se aproxime a los niveles de países de su entorno, pero también para poder abordar los retos y desafíos a los que se enfrenta la educación, y mejorar el sistema de enseñanza, la escuela pública y las condiciones laborales del profesorado.

Además, ANPE apuesta por que, durante la próxima legislatura, “la educación sea objeto del pacto de estado o acuerdo imprescindible para que no se encuentre sometida a tensiones e incertidumbres permanentes”.