“La cooperación entre administraciones no solo es un cauce obligado de colaboración institucional, sino que es también el mejor mecanismo para enriquecer y mejorar la gestión del sistema educativo en beneficio de toda la ciudadanía”. En esos términos se ha pronunciado la ministra Pilar Alegría durante la última Conferencia Sectorial de Educación, en la que ha transmitido a las comunidades autónomas su voluntad de trabajar “juntos, desde la lealtad institucional”.
Tras incidir en que “desde la unidad contribuiremos a mejorar la educación y la vida de todas las personas”, la titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha asegurado que precisamente en la “escucha permanente con todos los agentes sociales, educativos y económicos” se está basando la elaboración de la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, cuyo anteproyecto ha sido presentado a informe en la Conferencia Sectorial de Educación.
Alegría continua así la ronda de consultas en torno al borrador de la norma después de haberlo llevado ante el Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de la Formación Profesional y la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo. De momento, se han mantenido cerca de una treintena de reuniones de trabajo en las comisiones de Educación, FP para el Empleo y FP del sistema educativo, a las que se suman los encuentros de la mesa de diálogo con los sindicatos, el sector empresarial y el sector educativo, mientras el MEFP sigue recogiendo las aportaciones al texto que han trasladado las diferentes comunidades autónomas, interlocutores sociales y colectivos del ámbito de la Formación Profesional.
La Conferencia Sectorial también ha aprobado la distribución y criterios de reparto de créditos de cooperación territorial por valor de más de 1.486 millones de euros. De estos fondos, validados en Consejo de Ministros entre los meses de junio y julio, 1.398 millones proceden de los componentes 19, 20 y 21 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR).
En concreto, 989,2 millones irán a la digitalización del sistema educativo, 118,2 al Programa de Refuerzo Escolar PROA+, 48,5 a la financiación de libros de texto y materiales didácticos, y 29,6 millones a la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable. Otros 301 millones de euros se destinarán a Formación Profesional, de los que 115 serán para la acreditación de competencias profesionales, 93 para la creación de ciclos bilingües, 12 para la digitalización de las aulas y casi 73 millones para la creación de plazas de FP, entre otras actuaciones.
Por otra parte, Alegría ha propuesto a los consejeros autonómicos mantener una nueva reunión a finales de agosto para ajustar las medidas de prevención higiénico-sanitarias ante el inicio del curso escolar y la evolución en ese momento de la pandemia. Ya el pasado mes de mayo se aprobó un protocolo sanitario frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022, que incluye la adopción de medidas en distintos escenarios, que será revisado antes de que comiencen las clases.
A este respecto, la ministra se congratuló de que el curso 2020-2021 acabara “con el 99,9% de las aulas abiertas”, lo que “ha sido posible gracias al trabajo de todos, un trabajo continuo y constante que nos ha permitido anticiparnos ante cualquier eventualidad”.