La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha “invitado” a las comunidades autónomas a hacer de la educación una política prioritaria y a aprovechar, con vistas a la mejora del sistema educativo, los 13.486 millones de euros aprobador por el Gobierno central para hacer frente a la situación derivada de la pandemia. La transferencia de este fondo extraordinario del Estado a las CCAA tiene como objetivo amortiguar los efectos de la crisis del COVID-19.
En concreto, la máxima responsable del MEFP ha propuesto a los responsables autonómicos que “destinen una parte importante” de esa partida para “garantizar las necesidades del sector educativo”. Ha sido en el transcurso de la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, donde Alegría también ha dejado claro que las dos grandes prioridades del ministerio de cara al inicio del próximo curso escolar serán asegurar la “máxima presencialidad” y las “máximas garantías para la salud de alumnos y profesores”.
Durante el encuentro, al que ha acudido la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, los consejeros de las comunidades autónomas y representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se ha abordado la planificación del curso escolar en los diferentes territorios y los protocolos desarrollados por cada región a partir de la ‘Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022’ (acordada por la Conferencia Sectorial de Educación el 19 de mayo y, posteriormente, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) y el documento técnico complementario de ‘Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022’.
En ellos se establece como objetivo último garantizar la presencialidad en todas las etapas y niveles educativos en condiciones de seguridad, para lo cual se mantienen “las principales medidas que permitieron el desarrollo exitoso del curso 2020-2021, con un 99% de las aulas en funcionamiento y un 2% de los centros educativos cerrados en el pico máximo”, según han señalado desde el MEFP.
De este modo, la mascarilla continuará siendo obligatoria a partir de los seis años con posibilidad de valorar su uso en ciertas actividades al aire libre. Los grupos de convivencia estable permanecerán en funcionamiento y la distancia interpersonal de 1,5 metros seguirá siendo necesaria, pudiendo reducirse a 1,2 metros en determinados casos. También la ventilación frecuente y cruzada será una de las medidas de prevención fundamentales en las aulas durante este curso, que contará, además, con la vacunación de los docentes y de los alumnos mayores de 12 años, lo que posibilitará reforzar la seguridad en los colegios.
Asimismo, la Declaración fija cuatro escenarios en función de la situación epidemiológica de cada municipio, provincia o comunidad autónoma (niveles de alerta 1, 2, 3 y 4) que incluyen restricciones y medidas excepcionales, como las clases semipresenciales a partir del tercer curso de ESO en los niveles 3 y 4.
Aunque el avance de la vacunación y “las lecciones aprendidas del curso pasado” pueden generar cierto optimismo, la ministra ha recalcado la necesidad de mantener la prudencia y ha planteado que puede ser necesario mantener un apoyo adicional de profesorado y vigilar cuidadosamente el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias acordadas en la Conferencia Sectorial.
En declaraciones a los periodistas, Alegría ha reiterado su voluntad de trabajar conjuntamente con todas las comunidades autónomas y con la comunidad educativa, al tiempo que ha reiterado que “el diálogo va a ser la seña de identidad de esta ministra y de su equipo». “Queremos abordar el debate educativo con sosiego, prudencia y responsabilidad. La mano del ministerio está tendida”, ha manifestado.
La máxima responsable del MEFP también ha vuelto a agradecer a las CCAA y a toda la comunidad educativa el esfuerzo realizado durante el pasado curso, que ha permitido garantizar el derecho a la educación en un entorno seguro.