El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, que “es la primera pieza y piedra angular de una profunda transformación del sistema educativo, ambiciosa, exigente, de largo alcance y responsable con nuestros menores y su futuro”. Así lo ha destacado la ministra Isabel Celaá, quien ha incidido en que la nueva norma, que deroga la LOMCE, “se fundamenta en la excelencia y en la equidad”.

De hecho, con la LOMLOE se pretende posicionar a España entre los países con una mejor educación, según las directrices de la OCDE, y tal y como plantea la Agenda 2030. Entre otros aspectos, contempla la modernización de la Formación Profesional en colaboración con todos los agentes implicados, la reforma de la profesión docente, el refuerzo de los planes de cooperación territorial y la actualización del modelo de becas con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades. Para todo ello, el Gobierno propone incrementar progresivamente la inversión educativa hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.

Una de las principales novedades de la ley es que incluye el enfoque de los derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. Además, el texto adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y defiende que la enseñanza pública es el eje vertebrador del sistema, abordando la tarea educadora junto a un importante sector de la escuela concertada que cumple sus fines sociales.

Con el propósito de elevar los resultados del alumnado, la futura norma apuesta por una dinámica de mejora continua de los centros escolares y una mayor personalización del aprendizaje. A esto se suma que la educación para el desarrollo sostenible estará presente en los planes y programas de toda la enseñanza obligatoria. “Queremos un sistema educativo que acompañe a los estudiantes en su desarrollo como individuos, como ciudadanos de una sociedad democrática y como profesionales competentes”, ya que “nuestra sociedad necesita todos los talentos”, ha argumentado Celaá.

La digitalización de la enseñanza es otro de los ejes fundamentales de la ley, que también pretende extender la Educación Infantil de 0 a 3 años, asegurar una distribución equilibrada del alumnado y prevenir la segregación entre escuelas y entre las redes pública y concertada. En este sentido, la ministra ha subrayado que el objetivo es que los estudiantes dispongan de “más y mejores oportunidades educativas, el profesorado tenga los recursos necesarios para una educación más personalizada y las familias, una participación más activa”.

La LOMLOE, que aboga por un modelo “inclusivo y moderno”, elimina los itinerarios de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, de modo que cualquier opción conducirá al mismo título de graduado en ESO, que también obtendrán los alumnos que superen la FP Básica. Por otro lado, se suprimen las ‘reválidas’ de la LOMCE, aunque se introducen evaluaciones-diagnóstico en cuarto de Primaria y segundo de ESO, pero con la finalidad de que los centros y profesores puedan desarrollar planes estratégicos de mejora continua.

En cuanto al currículo, el proyecto de Ley posibilitará su actualización para hacerlo más más flexible y competencial, evitando los contenidos enciclopédicos y memorísticos. Además, se reformula el programa curricular de atención a la diversidad y se incorporan medidas de flexibilización para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Todos los estudiantes de Educación Primaria y ESO tendrán que cursar una materia de educación en valores cívicos y éticos, mientras que la religión será de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria; no tendrá “asignatura espejo” y su calificación no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas.

Respecto a la ordenación de las enseñanzas, la norma estable la organización de la Educación Primaria en tres ciclos, la eliminación de la jerarquía de materias y la supresión definitivamente de las pruebas finales de etapa. Con la LOMLOE se incrementa también la autonomía de los centros y la participación en su gestión de toda la comunidad educativa, y se refuerza el papel protagonista del profesorado en la acción educativa mediante la capacidad de adaptar los planes de trabajo y aplicar pedagogías activas.

Asimismo, el texto recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas que, según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, “venía funcionando satisfactoriamente hasta 2013”. De esta manera, “un 55% de los contenidos y materias serán competencias del Estado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% serán competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial”. Las administraciones educativas garantizarán el derecho del alumnado a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, teniendo todas ellas la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable.

Por otra parte, en los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades concertadas, se priorizará a los centros que se organicen bajo el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual.