El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas han acordado adoptar la actividad lectiva presencial como principio general para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021 con las máximas de garantías. El acuerdo, al que se han adherido todas las CCAA, salvo Madrid y País Vasco, recoge orientaciones para reforzar los déficits de aprendizaje provocados por la suspensión de las clases a causa del COVID-19 y reducir la brecha digital.
De este modo, el curso escolar comenzará en las fechas habituales del mes de septiembre, cumpliéndose el mínimo de 175 jornadas lectivas y adaptándose su aplicación a las circunstancias concretas de los centros. En este contexto, las administraciones educativas harán lo posible para asegurar la modalidad presencial, cuya importancia para el normal desarrollo de las tareas de enseñanza ha quedado demostrada por la experiencia de este curso.
Por otra parte, los centros adaptarán, en todas las etapas y niveles, sus programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados debido a la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, lo que permitirá al alumnado alcanzar los objetivos previstos. Además, siguiendo las directrices de las administraciones educativas, los colegios e institutos elaborarán planes de seguimiento y de apoyo para los estudiantes que experimenten dificultades de aprendizaje o emocionales derivadas de las circunstancias actuales. De forma complementaria, cada centro deberá contar con un Plan de Inicio de Curso y Planes de Contingencia que anticipen las actuaciones a realizar en función de los distintos escenarios que se puedan presentar.
El acuerdo también prevé trabajar con los servicios de prevención de riesgos laborales para reducir al mínimo los riesgos del conjunto de la comunidad educativa. Los centros mantendrán con el alumnado sesiones informativas y de recuerdo de las recomendaciones higiénico-sanitarias, mientras que, en el caso de los servicios complementarios habituales, como el transporte y los comedores, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar su continuidad.
Otra prioridad será la de reducir la brecha digital, para lo cual se prestará especial atención a la dotación de equipamiento para los centros educativos y para los estudiantes, mediante sistemas de entrega o de préstamo. Al mismo tiempo, se promoverá la formación en este ámbito del profesorado y del alumnado, así como el asesoramiento a las familias, y se intensificarán las acciones de colaboración para la elaboración y difusión de recursos tecnológicos para la enseñanza, el aprendizaje y la formación de la comunidad educativa.
Asimismo, se pondrán en marcha programas de cooperación territorial cofinanciados y orientados especialmente en dos direcciones: la recuperación de los grupos de estudiantes que más han sufrido las dificultades surgidas por la crisis sanitaria del coronavirus y la dotación en equipamiento tecnológico que permita mantener el vínculo educativo. Por último, las administraciones educativas fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes para permitirles dar una respuesta coordinada frente a circunstancias imprevistas.