La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por sindicatos, organizaciones estudiantiles y asociaciones de padres y madres, ha registrado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional un escrito dirigido a su titular, Pilar Alegría, en el que anuncian “actuaciones y movilizaciones conjuntas de la comunidad educativa” por “la relajación de las medidas para garantizar la seguridad y la salud del profesorado, del alumnado y de sus familias”.
Estas protestas, que tendrán lugar “tanto a nivel estatal como autonómico”, han sido planteadas a raíz de la “honda preocupación” de las entidades que forman parte de la plataforma que, ante el inicio de un nuevo curso y la evolución de la pandemia, han criticado que “se rebajen los requisitos que permitían garantizar la seguridad, la salud y los refuerzos educativos” en los centros escolares. Además, han recordado que los fondos asignados a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central “deberían ir obligatoriamente asociados a mantener y mejorar las medidas del curso pasado”.
En la carta, se insta al MEFP y al resto de administraciones públicas a que den “marcha atrás” en “los recortes en la salud de las personas que participamos en la educación” y se denuncia que “tanto en la Conferencia Sectorial como en el resto de los foros donde se debaten las medidas de salud y seguridad del entorno educativo, no se cuente con los y las representantes de las familias, del alumnado y del profesorado”.
Según recoge el escrito, la comunidad educativa continúa exigiendo “la presencialidad segura del alumnado en todas las etapas educativas”, por lo que no se concibe que “las administraciones educativas reviertan, en la mayoría de los casos, los cupos extra” de profesorado “que se contrataron el curso pasado, en vez de ampliarlos”. “Tampoco se entiende que la distancia de seguridad, como medida que se ha demostrado útil para prevenir los contagios, se vea, en muchos casos, reducida”, añade el documento.
Para la plataforma, no es aceptable que se recorten apoyos al proceso de enseñanza-aprendizaje cuando los docentes, los estudiantes y sus familiares han estado “sufriendo situaciones límite” durante la crisis del COVID-19, que “ha puesto en evidencia realidades” como “alumnado que requiere de refuerzos y apoyos académicos, psicosociales y emocionales; profesorado extenuado y familias agotadas”. Además, se ha puesto de manifiesto que “los beneficios de aumentar significativamente el personal” en los centros escolares “van mucho más allá del aspecto sanitario” y “revierte en la calidad educativa, la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, el adecuado manejo de la convivencia en los centros, una mejor atención a las familias del alumnado, el incremento en los indicadores de la atención a la diversidad y un largo etcétera”.
Por todo ello, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública plantea, entre otras exigencias, conservar los cupos docentes y del resto de personal contratado el pasado curso, así como “su incremento para extender la bajada de ratios por debajo de 20 estudiantes por aula”; garantizar la presencialidad en todas las etapas educativas no universitarias; y mantener el requisito de 1,5 metros de distancia de seguridad interpersonal.