Tras la petición del presidente del Gobierno de cancelar las actividades educativas para hacer frente al brote de coronavirus en España, los ejecutivos autonómicos han ordenado el cierre temporal de sus centros docentes. Además de esta decisión, que afecta a 9,8 millones de alumnos, Pedro Sánchez ha destacado la necesidad de evitar los viajes y optar por el teletrabajo cuando sea posible, entre otras medidas de distanciamiento social y recomendaciones sanitarias.
De este modo, a la Comunidad de Madrid y La Rioja, que ya habían decretado la suspensión de la actividad en todas la etapas y niveles de la enseñanza durante al menos quince días, se ha sumado el resto de administraciones autonómicas en un intento por contener la expansión del COVID-19 que, según la Organización Mundial de la Salud, ya ha alcanzado la categoría de pandemia a nivel internacional.
Para tratar de paliar los efectos que tendrá el cierre de los centros escolares en toda España, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha adoptado varias medidas con el objetivo de “asegurar que alumnos y alumnas puedan acabar el curso sin verse perjudicados”, según ha asegurado Isabel Celaá. Entre estas iniciativas destaca el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que contempla adaptar el límite mínimo de 175 días lectivos anuales en enseñanza obligatoria en el curso 2019-2020 a las necesidades derivadas de las medidas de contención sanitaria que se adopten.
Además, el MEFP ha convocado para el día 17 de marzo una reunión telemática de la Comisión General de la Conferencia de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores, para estudiar la posibilidad de retrasar la prueba de acceso a la Universidad (EVAU), de forma que el calendario de matrícula universitaria se adapte a las circunstancias.
El ministerio que dirige Isabel Celaá, de acuerdo con las comunidades autónomas, también planteará la flexibilización de las prácticas de Formación Profesional y FP Dual en centros de trabajo, bien posponiéndolas o bien concentrándolas. Y, si la situación se prolonga, propondrá nuevos plazos y medidas de evaluación excepcional para que el alumnado pueda obtener su titulación. Asimismo, se adaptará el calendario de las pruebas para acceder a los ciclos formativos de grado medio o superior para quienes no cuenten con los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas, y se mantendrá una reserva de plazas para que ningún estudiante se quede sin posibilidades de cursar sus estudios.
Por otra parte, el MEFP ha puesto a disposición de las administraciones autonómicas todos los recursos educativos digitales alojados en Procomún: Red de Recursos Educativos en Abierto, proyecto EDIA o los que facilita el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), y está evaluando las herramientas tecnológicas que han ofrecido gratuitamente varias empresas como opción para reducir la brecha digital entre los alumnos con menos recursos.
En este contexto, el ministerio también ha instado a la comunidad educativa “a seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias para contribuir a asegurar que las medidas de suspensión de la actividad lectiva en los centros de toda España ayudan a contener la expansión del coronavirus COVID-19”.