Desde el comienzo del curso escolar, menos del 5% de los centros educativos no universitarios de toda España ha registrado incidencias relacionada con el COVID-19 y más del 99% de los grupos funciona con normalidad. Estos datos se han dado a conocer durante la reunión interministerial celebrada en Moncloa y que ha estado presidida por la titular de la cartera de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el de Sanidad, Salvador Illa.
Tras el regreso a las aulas de más de ocho millones de estudiantes y en torno a 700.000 docentes, estos ministerios han vuelto a convocar a los responsables de las consejerías de ambos ramos para hacer un seguimiento de la situación en las escuelas y, según los datos facilitados por las comunidades autónomas, de los 386.214 grupos que existen en total, algo más 2.850 han tenido que pasar a cuarentena.
Celaá ha asegurado que “este inicio de curso es una demostración de que las medidas que acordamos y en las que llevamos trabajando estos meses están funcionando”, al tiempo que ha reconocido el esfuerzo, el compromiso y la profesionalidad de los docentes. Además, ha insistido en la seguridad de los centros educativos en un momento marcado por la pandemia del coronavirus y ha reiterado los beneficios de la educación presencial.
En similares términos se ha pronunciado Illa, al afirmar que los profesionales de la enseñanza “cada día hacen posible” que los centros educativos “sean espacios seguros”, aunque también se ha referido a los estudiantes y sus familias que, “en su inmensa mayoría, están teniendo un comportamiento ejemplar y un compromiso cívico en el cumplimiento de las cuarentenas y asilamientos para proteger su salud y la de todos”.
En cuanto a las incidencias relativas al COVID-19 registradas en colegios e institutos, el titular de Sanidad ha reconocido que “como era lo esperado, se están produciendo casos, pero las medidas para detectarlos y controlarlos se están aplicando bien”, según la información facilitada por las comunidades autónomas. De hecho, “la valoración sobre la Declaración de Actuaciones coordinadas en Salud Pública en el ámbito educativo es, en general, positiva”.
En el transcurso de la reunión, se han abordado además una serie de medidas educativas para facilitar el desarrollo del curso escolar en las mejores condiciones, entre ellas, la adaptación de las pruebas de acceso a la universidad a la situación excepcional, siguiendo un modelo similar al del curso pasado. Esta adecuación a las circunstancias también se aplicará a las prácticas de Formación Profesional, con la reducción de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo al mínimo establecido en la ley (220 horas), su integración en el módulo de proyecto en el caso de la FP Superior o la creación de un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo en el caso del Grado Medio y la FP Básica.
Asimismo, se ha facilitado a las comunidades autónomas un documento con recomendaciones higiénico-sanitarias, elaboradas conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, para las prácticas en enseñanzas de Formación Profesional con personas ajenas a los centros educativos, especialmente Hostelería, Imagen Personal y Sanidad.
Por otra parte, ante las dificultades manifestadas por muchas CCAA para encontrar profesorado que pueda cubrir las contrataciones previstas, el MEFP flexibilizará, de manera excepcional y limitada hasta que concluya el presente curso, los requisitos para el ejercicio de la docencia, lo que facilitaría el proceso de refuerzo de las plantillas. En concreto, se podrá nombrar funcionarios interinos a personas que no hayan cursado el máster que acredita la formación didáctica para ser docente en ESO, FP, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño, y escuelas oficiales de idiomas, pero que cumplan todos los demás requisitos, siempre y cuando se agoten las listas de aspirantes al puesto en régimen de interinidad y las de demandantes de empleo.
Al término del encuentro, Isabel Celaá ha incidido en la obligatoriedad de asegurar la formación a tiempo completo y en las mejores condiciones de los alumnos que acuden de manera presencial a los centros, aquellos que reciben clases a distancia y los que se encuentran en cuarentena. En este punto, la ministra ha hecho especial hincapié en la atención al alumnado más vulnerable, con dificultades de aprendizaje o emocionales.
Para ello, el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades recursos adicionales como 1.600 millones de euros del Fondo COVID, 40 millones del programa PROA+ de refuerzo educativo y prevención del abandono escolar temprano o 260 millones del programa Educa en Digital, que permitirá que los centros educativos tengan 500.000 herramientas digitales para que los alumnos con dificultades puedan seguir la enseñanza online.