El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Esta norma permitirá a las administraciones educativas modificar los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, para adecuarlos a la situación provocada por el COVID-19, y contratar a profesores sin el máster específico, de manera excepcional y temporal, para reforzar las plantillas.
El objetivo de estas y otras medidas contenidas en el RDL es dar “soporte a varios aspectos que posibilitan un mejor desarrollo del curso escolar en el contexto actual marcado por la pandemia y responden a la vez a las necesidades e inquietudes” que han ido expresando las comunidades autónomas en los últimos meses, según han indicado desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
De esta manera, las administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos con el fin de valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo del alumno. La repetición de curso se considerará una medida de carácter excepcional que el equipo docente decidirá de manera colegiada en función de la evolución académica global del estudiante, que promocionará o no en función de si ha alcanzado los objetivos de cada etapa. A este respecto, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha precisado que “afirmar que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso”.
El Real Decreto Ley convalidado por el Congreso -aunque con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Ciudadanos- también posibilita que el currículo y las programaciones didácticas puedan modificarse y adaptarse a las decisiones que se tomen sobre presencialidad del alumnado en los centros educativos. Para ello, la norma otorga el carácter de orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables.
Por otra parte, el texto permite la contratación, de manera excepcional y temporal, de profesores que cumplan todos los requisitos pero que aún no hayan cursado el máster específico para el ejercicio de la docencia. La finalidad de esta medida es que las comunidades autónomas puedan realizar el refuerzo necesario de las plantillas para garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad durante el presente curso, tanto en centros sostenidos con fondos públicos como en centros privados.
De este modo, las administraciones educativas podrán nombrar funcionarios interinos para plazas adicionales de docentes derivadas de las medidas adoptadas a causa del COVID-19 para los cuerpos de profesores de Secundaria, técnicos de FP, profesores de Música, Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño y Escuelas Oficiales de Idiomas a titulados que no dispongan del máster de posgrado que acredita la formación didáctica.
La cobertura de estas plazas tendrá carácter excepcional y limitado, y podrá llevarse a cabo en aquellas materias en las que se agoten las listas de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo en régimen de interinidad y de demandantes de empleo que estén en posesión del citado máster. Además, esas plazas se amortizarán al finalizar el curso en el que desaparezcan los motivos de urgente necesidad que originaron su creación.
En cuanto a las prácticas en Formación Profesional, el RDL recoge la reducción de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo, respetando siempre el mínimo de horas establecidas en la ley. En el caso de la FP de Grado Superior, el módulo de FCT se podrá integrar en el módulo de proyecto y, en el caso de la FP Básica y de Grado Medio, se podrá crear un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo. Además, será posible sustituir la estancia en empresas por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral cuando no exista otra alternativa. Estos criterios se podrán extender a las enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Durante su intervención en el Congreso, Celaá ha manifestado que “mientras dure la emergencia sanitaria, debemos asegurar una base normativa consistente para que el curso pueda seguir desarrollándose de la mejor manera, garantizar los aprendizajes y, sobre todo, para evitar que nadie se quede atrás”. “Esta norma -ha añadido la ministra- es esencial para dar soporte a las medidas que se requieren para el buen desarrollo del curso escolar, facilita las actuaciones de las comunidades autónomas y establece medidas académicas para que el aprendizaje pueda llevarse a cabo con eficacia”.