La modernización de la FP es uno de los grandes retos que se marcará el nuevo Gobierno. De hecho, el presidente, Pedro Sánchez, se ha comprometido a dar impulso al I Plan Estratégico de Formación Profesional, recientemente aprobado, con el objetivo de actualizar esta etapa formativa. Su propósito es incorporar a las empresas a este proceso, con “fórmulas flexibles y creando consorcios” con la participación de los agentes sociales y de la comunidad educativa.
Ya en su discurso de investidura, el jefe del Ejecutivo se refirió a la necesidad de “hacer frente a uno de los principales desafíos que tenemos como es el de hacer una apuesta decidida por la Formación Profesional”, y en particular, por la FP Dual, ya que “hasta el año 2025, España necesita crear 200.000 nuevas plazas” en estos estudios.
Entre otras medidas, el Gobierno incorporará en los próximos años ochenta nuevas titulaciones y cursos de especialización al sistema educativo asociados a la digitalización de la economía e integrará un nuevo módulo de digitalización en cada uno de los 172 títulos de FP vigentes. “Se trata, en definitiva, de adaptar nuestro modelo de formación a las necesidades laborales de la economía del siglo XXI” y, “en este sentido, vamos a trabajar en la reforma del Catálogo de Cualificaciones Profesionales”, explicó Sánchez, quien también apostó por reforzar la capacitación del profesorado, así como su movilidad y vinculación a los sectores productivos.
Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, el socialista avanzó además que se incrementarán “los recursos públicos destinados a educación y las becas hasta situarnos en ese objetivo ambicioso, pero posible, de inversión educativa en un 5% del Producto Interior Bruto en 2025”. Asimismo, el nuevo Ejecutivo trabajará por lograr la universalización del acceso a la Educación Infantil de 0 a 3 años, “a través de la red pública y en condiciones de equidad”; garantizará la gratuidad de la educación obligatoria “para que ninguna familia en situación de vulnerabilidad vea truncada la carrera educativa de sus hijos e hijas” y revisará el sistema de becas para que sea “ágil” y las ayudas al estudio puedan ser consideradas como un “derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares”, anunció Sánchez.
Otro de los objetivos del nuevo Gobierno de coalición es la aprobación de la Ley de Educación que derogará la LOMCE y que blindará la educación pública como eje vertebrador del sistema con la incorporación de los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa. Esta nueva norma, según el presidente, “debe garantizar la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo” y tendrá que poner en valor la Formación Profesional, la formación en valores y los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas.
Por otra parte, el programa de Gobierno recoge iniciativas para hacer frente al fracaso escolar, al abandono temprano y al acoso mediante planes específicos en cuyo desarrollo tendrán un papel esencial las comunidades autónomas. Y en cuanto al profesorado, el Ejecutivo reforzará la formación inicial del colectivo docente, promoverá la estabilidad de los trabajadores de la enseñanza y avanzará en la evaluación de su desempeño “de manera acordada con los representantes del sector”.
En cuanto a la Religión, será una materia de carácter voluntario, no tendrá asignatura alternativa y la nota no será computable a efectos académicos.