Comisiones Obreras ha cifrado en 84.055 el número de nuevos docentes que deberían incorporarse a las aulas ante los retos a los que se enfrenta la enseñanza pública, lo que implicaría una inversión adicional de al menos 4.275 millones de euros, un 0,3% del PIB. Este incremento de la plantilla permitiría apostar de forma decidida por la equidad, la inclusión, la calidad educativa y el profesorado, tal y como se contempla en el informe de inicio del curso escolar de CCOO.

La reducción de ratios en las aulas, la atención a la diversidad, el bienestar de la comunidad educativa, la mejora de las condiciones laborales del profesorado y la estabilidad en el empleo son, según el citado documento, los principales desafíos que tiene que afrontar la educación pública, además del desarrollo de la LOMLOE. Para poder asumirlos, el sindicato considera necesario “no solo mantener toda la plantilla extra añadida en pandemia, de la cual se ha retirado la mitad, sino incrementarla sustancialmente”. Y es que, según sus datos, de los 33.323 docentes que se incorporaron en el curso 2020-2021, con la vuelta a la presencialidad en las aulas “se han eliminado 16.026 y se han mantenido 17.297”.

De entre las propuestas que realiza CCOO para atender las necesidades del sistema, la primera es la bajada de las ratios de alumnado, que deben estar asociadas a la diversidad. Para ello, además de un descenso general del número de estudiantes por grupo, propone que todos aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo, desventaja social o compensación educativa cuenten doble a efectos de ratio. En este concepto, sería preciso aumentar la plantilla prepandemia en 23.040 docentes. Además, pide incorporar a 18.151 especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje, para brindar apoyo al alumnado con dificultades específicas del aprendizaje, y a 10.026 profesionales de la red de orientación, para asegurar su adecuada identificación y seguimiento.

A juicio de Comisiones Obreras, también es una prioridad “atender la salud mental de la comunidad educativa en coordinación con los servicios clínicos” y apostar por la figura de coordinación del bienestar y la protección de la infancia y la adolescencia, con personas dedicadas a tiempo completo a esta “cuestión fundamental”, lo que exigiría contar con otros 22.024 docentes a nivel estatal. “A estos incrementos en las plantillas -agrega el sindicato- hay que añadir los necesarios para la reducción del horario lectivo máximo semanal del profesorado a 18 periodos en Secundaria, FP y Régimen Especial, y a 23 en Infantil y Primaria”, es decir, 28.111 efectivos más.

Incrementar la plantilla en un “tiempo razonable”

Por todo ello, esta organización sindical ha cuantificado en 84.055 el número de docentes que tendrían que incorporarse a las aulas. No obstante, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha matizado que este crecimiento de las plantillas no tiene que ser “en un solo curso”, sino que “se puede definir un plan estratégico de inversión educativa” para hacerlo “en un plazo razonable”.

En cuanto a las ofertas de empleo público, Comisiones Obreras asegura que, a pesar de que se van a “generar convocatorias sin precedentes, que en su conjunto suman 116.158 plazas, las administraciones educativas no están cumpliendo con el 100% y faltarían 18.360 para llegar al objetivo de reducir la temporalidad al 8% en 2024”. Además, vuelve a reclamar la implantación de la jubilación anticipada, voluntaria e incentivada, formación permanente con recursos dentro del horario laboral y la disminución de la carga lectiva, la reducción del horario de permanencia y la mejora de las ratios, entre otras medidas para mejorar las condiciones laborales y retributivas del profesorado.