Cuando se cumple un año de la declaración del estado de alarma debido a la crisis del coronavirus, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho un repaso de las principales actuaciones adoptadas para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria en el sistema educativo. Un objetivo en el que han trabajado las administraciones públicas y la comunidad educativa, cuyos esfuerzos han estado encaminados a garantizar el derecho a la educación de forma segura.

Fue el 14 de marzo de 2020 cuando se aprobó el Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma a causa del COVID-19 y, entre otras medidas, se decretaba el cierre de los centros educativos en todo el país. Días antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había pedido que se suspendiera la actividad lectiva presencial, decisión que ya habían tomado la Comunidad de Madrid y La Rioja (en principio, con carácter temporal) y a la que se sumaría el resto de regiones. Por entonces, la expansión del SARS-CoV-2 había alcanzado la categoría de pandemia a nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud, y nada volvería ser igual.

A partir de ese momento, el MEFP y las comunidades autónomas, en coordinación con las autoridades sanitarias y la ayuda de la comunidad educativa, comenzaron a adoptar medidas como facilitar medios técnicos y recursos a las administraciones educativas, a los docentes y al alumnado para afrontar el desafío que suponía pasar de una educación presencial a una enseñanza a distancia y online.

De ir a clase a aprender desde casa

Según recuerda el ministerio que dirige Isabel Celaá, se creó el portal web ‘Aprendo en casa’, desde el que se canalizaron recursos, herramientas y aplicaciones para el profesorado, las familias y los estudiantes; se abrió el acceso a los materiales del Centro de Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia y se pusieron a disposición de las CCAA todos los materiales de Formación Profesional a distancia existentes. Además, en colaboración con Radio Televisión Española y gracias al apoyo de casi un centenar de editoriales y creadores de contenido, se puso en marcha la iniciativa ‘Aprendemos en casa’, para facilitar el aprendizaje del alumnado de 6 a 16 años mediante la televisión pública, con cinco horas diarias de programación educativa de lunes a viernes.

Por otra parte, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado se abrió al público general el portal web ‘Recursos Educativos para el Aprendizaje en Línea’, lo que permitió proporcionar a los docentes herramientas y recursos para continuar con la enseñanza con medios digitales y a distancia.

El 25 de marzo de 2020 se convocaba la primera de las nueve reuniones de la Conferencia Sectorial de Educación celebradas a lo largo de este último año, en la que se decidió por unanimidad la continuación del curso escolar, pese al cierre de las escuelas. Asimismo, se optó por retrasar las fechas de celebración de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) y por modificar el modelo y el contenido de la prueba.

Tres semanas después, en el seno de este órgano consultivo, doce de las diecisiete comunidades autónomas se adhirieron al acuerdo en virtud del cual la evaluación de cada estudiante debía ser realizada de manera conjunta por sus docentes, la promoción del alumnado tendría que ser la norma y la repetición se consideraría como una excepción que habría de estar sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

Reanudación de la enseñanza presencial

En mayo, las CCAA se comprometieron a empezar a diseñar planes de contingencia de cara al inicio del nuevo curso escolar y la reanudación de la enseñanza presencial, con el fin de dar una respuesta adaptada a la evolución de la pandemia. Para ayudarles en este cometido, el MEFP elaboró una guía de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos, con el apoyo del Ministerio de Sanidad y aportaciones de las propias comunidades autónomas.

También en el marco de la Conferencia Sectorial, pero ya en el mes de junio, se aprobó un documento de catorce puntos que incluía adoptar la actividad lectiva presencial como principio general durante el curso 2020-2021 y adaptar las programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados por el alumnado durante el último trimestre del curso 2019-2020. Tan sólo País Vaso y Madrid se descolgaron de ese acuerdo.

Ese mismo mes, el Consejo de Ministros aprobaba la creación del Fondo COVID-19, que permitiría distribuir 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas, con el fin de financiar gastos derivados de la emergencia sanitaria. De ese montante global, 2.000 millones estarían reservados a la educación. Además, se daba luz verde a la suscripción de un convenio entre el MEFP, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Red.es para poner en marcha ‘Educa en Digital’. Uno de los principales objetivos con los que nacía este programa era que los estudiantes más vulnerables, a través de los centros educativos, pudieran contar con medio millón de equipos con conectividad para impulsar la enseñanza digital. A estos habría que sumar otros 250.000 dispositivos con cargo al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.

Por otra parte, para dar orientación y refuerzo educativo a aquellos centros con mayor complejidad y mayores dificultades de su alumnado, se puso en funcionamiento el Programa de Cooperación territorial PROA+, con una inversión inicial de 60 millones de euros. Estos fondos se incrementarán hasta los 320 millones en los próximos tres años, gracias también al respaldo del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.

Una vez finalizado el curso escolar 2019-2020, las CCAA y el MEFP se volvieron a reunir en la Conferencia Sectorial del 17 de julio, encuentro en el que se aprobaron por unanimidad las propuestas para el desarrollo del Plan de Modernización de la Formación Profesional, con una inversión total de 1.500 millones en cuatro años.

Vuelta a las aulas pero con seguridad

Un mes más tarde y con el fin de ajustar los planes de contingencia y actualizar los protocolos de actuación teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica tras el verano, se convocaba una reunión conjunta del Consejo Interterritorial de Salud y de la Conferencia Sectorial de Educación de la que salió el documento ‘Propuesta de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021’, que contemplaba 23 medidas y 5 recomendaciones.

Asimismo, ambos órganos se volvieron a reunir conjuntamente en septiembre para acordar una serie de medidas académicas, como la modificación de los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional para adecuarlos a la situación provocada por la pandemia; la adaptación de las prácticas de FP con la reducción de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo; o la flexibilización de los requisitos para el ejercicio de la docencia de manera excepcional y limitada.

Plan de Recuperación en el ámbito educativo

Ya el pasado mes de febrero, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, informaba a los consejeros autonómicos sobre las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de la Educación, que incluye 1.496 millones de euros en tres años para la digitalización de la enseñanza, 1.900 millones para la modernización y consolidación de la Formación Profesional y 1.118 millones para la creación de 65.000 plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, la prevención del abandono escolar temprano, la mejora de los resultados educativos y el impulso a la equidad.

En cuanto a la evolución epidemiológica, el MEFP ha señalado que, tras retomarse las clases presenciales en septiembre “con todas las medidas de prevención y control necesarias para garantizar un entorno seguro”, los centros educativos “han podido mantenerse abiertos y la situación ha sido de normalidad, teniendo en cuenta la pandemia que estamos padeciendo”, lo que se debe al esfuerzo realizado en este tiempo por “toda la comunidad educativa”.

Desde que el comienzo del curso 2020-2021, el 98% de las aulas ha estado funcionando “con normalidad” y, según los últimos datos disponibles, correspondientes al 9 de marzo, apenas el 0,5% de los grupos se encuentran confinados a causa de brotes del coronavirus.